Desconocido quizás para el ciudadano común, en la city cordobesa todo el mundo sabe quién es Anibal Casas Arregui.
Con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero, el titular de S&C inversiones y presidente de ACWM Alpha Capital Wealth Management, es también un nombre familiar para los medios de comunicación especializados en economía y finanzas, por cuanto era un hombre de consulta habitual.
A principios de este mes su nombre también comenzó a circular en los pasillos de Tribunales Federales, cuando se conoció la imputación y pedido de detención por parte del juez Hugo Vaca Narvaja, a solicitud del fiscal Carlos Casas Nóblega.
Se lo acusa de ser el jefe de una supuesta “asociación ilícita” y autor de “intermediación financiera no autorizada”. Es decir, fuera del marco legal regulado por la CNV y el BCRA.
Está detenido, junto con su socio Jerónimo Pascual Clementi.
Negó los hechos por los que se le denuncia y se abstuvo de declarar. En palabras de su abogado, Roger Auad, “toda su actividad es legal y legítima”.
En la causa también están imputados miembros de su familia y entorno cercano.
Mientras la investigación sigue su curso, las miradas están puestas en cómo sigue la actividad en la firma que comandaba Casas Arregui, donde coincidían grandes clientes. Se sabe que en el sector financiero la confianza es casi todo.
Sus colegas se debaten entre “hacerle el aguante” y sondear la oportunidad de captar alguna que otra cuenta desencantada.
La Bolsa de Comercio -en tanto- aceptó el pedido de licencia de Casas Arregui como Secretario de la Mesa Directiva, hasta que se esclarezca su situación judicial.
“La banda de los chetos”
Hace un par de años el fiscal Carlos Casas Nóblega llevó adelante una investigación que terminó con la condena de sus dos principales imputados: Martín Azar y Diego Sebastián Sánchez, acusados de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de activos.
La causa se conoció como “la banda de los chetos”, por cuanto se investigó una financiera ilegal que funcionaba en un edificio ubicado en Villa Belgrano.
Se acordó un juicio abreviado. Azar y Sánchez recibieron una pena de prisión efectiva, pero domiciliaria.
Azar de 5 años 9 meses y Sánchez de 5 años. También tuvieron que afrontar multas: Azar por $25 millones y Sánchez, por $15 millones.
Hubo más condenados en la misma causa. A dos de ellos el Juez les dio 3 años de prisión condicional y multas por $10 y $7 millones, respectivamente, en concepto de daño causado al fisco. Otros tuvieron que realizar tareas comunitarias.