Funes de Rioja: “Producir para hacer stock no tiene sentido” (la posición de Copal sobre la intimación a la industria de alimentos)

(Por Ayelén Actis) Junto con la extensión de los precios máximos se renovó la intimación a las empresas productoras de bienes de consumo masivo incluidos en el SEPA (Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos) a producir al máximo de su capacidad. “No la vemos ni necesaria ni justificable. Y por otro lado es utópica porque para llevar al 100% tendríamos que tener los insumos y el personal”, explica Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). 
 

Daniel Funes de Rioja, presidente Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

La norma que intima a las empresas no es nueva, es parte de la misma resolución que se emitió el 19 de marzo y que fija los precios máximos, pero estos días tomó relevancia (alguien se puso a leer detenidamente). 

Para el sector no corresponde “ni fáctica ni jurídicamente”. “A nuestro entender no se justifica y mucho menos por su contenido, por qué intimar a producir al 100% cuando uno lo que tiene que satisfacer eventualmente es al mercado -si es que tiene capital de trabajo, insumos y la red de distribución y de comercialización-. Producir para hacer stock no tiene sentido”, señala sobre el tema Funes de Rioja.
 


Además, las fábricas tienen entre un 20% y 30% del personal con la licencia obligatoria que estableció la Nación para aquellos empleados que fueran considerados de riesgo.

A diferencia de los precios máximos donde hubo control en los puntos de venta, la entidad no tuvo reportes de casos donde la normativa se haya aplicado. “Considero que han sido razonables en no intentar aplicarlo”, comenta el titular de COPAL al respecto.

Pese a que el argumento del gobierno sería “el miedo al desabastecimiento”, el único momento en el que se experimentó el faltante fue en la semana previa a la cuarentena y durante los primeros días, pero no por una reducción en la producción si no por “quiebre en el comportamiento de los consumidores”, según argumenta Funes de Rioja. 

De todas maneras desde el sector insisten en que no es necesaria su aplicación. “No son más de 10 productos los que son más demandados y con una demanda que implica una utilización de capacidad instalada de no más del 60% de la capacidad que tienen las fábricas”, describe.
 
14.500 empresas integran el sector a los que se suman 270.000 puntos de venta (las grandes cadenas representan un 35% del volumen total de ventas). La mayoría está entre el 50 y 60% de la utilización de la capacidad instalada.
 


La entidad tuvo un diálogo con las autoridades donde solicitó una reconsideración de los precios máximos en función de las variaciones que sufren en los costos de los insumos. “No estamos discutiendo márgenes de rentabilidad, lo que estamos discutiendo son márgenes de supervivencia”, analiza. 

Producto de esa comunicación el gobierno evalúa si autoriza subas específicas de acuerdo a análisis de la estructura de costos de las empresas. 

Fuera del mercado local, el objetivo de las empresas nacionales es la recuperación y apertura de nuevos mercados en el exterior. “El tema exportaciones es fundamental para nosotros pero hay una caída del 30% del comercio internacional en medio de la pandemia”, explica Funes de Rioja. 
 

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