La medida, que entró en vigencia en 2018, le permitió a los bancos cobrar una comisión de entre el 0,5 y el 1% a los depósitos en efectivo (dependiendo del banco, el cliente y el monto depositado). Así que, si depositás unos $ 100.000, $ 1.000 te descontarán por la comisión.
Desde la Asociación Distribuidores de Golosinas y Afines señalan que, en una economía como la argentina donde la mitad del capital circula fuera del sistema bancario, estas medidas “lejos de estimular la bancarización la castigan; alentando indirectamente a la informalidad y potenciando la inseguridad al haber mayor dinero en la calle. Esta medida beneficia únicamente a uno de los sectores que más dinero ha ganado en los últimos años, cuya rentabilidad creció un 121% solo en 2018. Se mantiene la tendencia de ‘cazar dentro del zoológico’, buscando exprimir aún más a las empresas que se esfuerzan por bancarizar sus ingresos”.
El sector de la distribución mayorista es uno de los más afectados. Los clientes de los distribuidores de golosinas (particularmente) son quioscos y almacenes que realizan la mayoría de sus transacciones en efectivo. “Cuando el distribuidor cobra y deposita el efectivo, el banco le quita una comisión del 1% sobre lo que cobró, no sobre su utilidad. Entonces ese 1% de comisión, dependiendo del margen que trabaje el distribuidor, se convierte en una pérdida de entre el 5% y el 6% de su rentabilidad, o sea entre el 25% y el 30% de su utilidad neta, afectando significativamente a su modelo de negocio”, explica Ariel Korin, gerente de Gestión de ADGYA.
Perder o perder
La comisión lleva al sector a una situación de perder o perder: si traslada el costo de la comisión a los precios, agrega presión a la inflación y pierde competitividad respecto de aquellos que venden en negro y de las grandes cadenas de supermercados; si lo absorbe, pierde rentabilidad.
“Si a ello sumamos el aumento de costos, la fuerte presión impositiva que ya existe para el sector (IVA, Ingresos Brutos, la Tasa de Abasto ilegal que aún hoy se cobra en algunos municipios), otros gastos bancarios y los aumentos de los servicios públicos (luz, gas, agua, etcétera), el sector de la distribución corre un serio peligro y con ello la estabilidad laboral de miles de familias”, concluye Korin.