A la mayoría de los argentinos no les cayó nada bien ver que la gestión de la vacuna privilegió a amigos en el orden de inmunización. Pero somos mucho más tolerantes con otras acciones discrecionales que nos perjudicarán mucho más como país.
Sigamos el razonamiento de Idesa:
- El empleo registrado en relación de dependencia en empresas privadas pasó de 6,0 a 5,8 millones de personas entre 2012 y 2020
- En tanto, el empleo público de planta pasó de 2,6 a 3,2 millones de personas.
- Es decir que, mientras el empleo formal en empresas privadas cayó en -200.000 personas, el empleo público de planta aumentó en 600.000 personas.
600.000 empleados públicos en 8 años son unas 75.000 personas por año y teniendo en cuenta que en un año la administración pública tiene 250 días hábiles (restando a los 365 sábados, domingos y feriados), esto implica sumar durante 8 años consecutivos ¡300 personas por día al Estado!
Y explica Idesa: "Dado que la entrada al empleo público no se hace a través de concursos ni métodos rigurosos de selección, es un claro indicio de que en la gestión de los recursos humanos del Estado prevalece el mismo favoritismo que con las vacunas. Ante la escasez de empleos privados, los funcionarios distribuyen favores designando discrecionalmente miles de empleados públicos".
Y sigue: "...hacer favores designando empleados públicos produce mucho más daño a la sociedad. En no más de un par de años se masificarán las vacunas contra el covid con lo cual el acceso dejará de ser un problema. La designación de empleados públicos tiene consecuencias por décadas ya que están protegidos por la estabilidad. Un empleado público joven cobrará 30 años de sueldos, 20 años de jubilaciones y su cónyuge 10 años de pensión por sobrevivencia. De manera aproximada, un empleado público con un salario promedio ($ 70.000) le implica al Estado un gasto de $ 50 millones de salarios y jubilaciones que el Estado se compromete a pagar".