Desarrollistas inmobiliarios registran varias denuncias en Defensa del Consumidor

La nota del lunes sobre las desarrollistas en default generó una gran polémica. Una de ellas tenía que ver con una de las preguntas que se hacían en el artículo: “¿Cuál debe ser el grado de intervención del Estado?”

Sin dudas que la primera reacción estatal ante el reclamo de los ciudadanos es la respuesta de Defensa del Consumidor, que en Córdoba depende del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.

Hasta allí fuimos a preguntar si había denuncias contra las desarrollistas en default, y esto encontramos:

EUROMAYOR. Registra denuncias en la Dirección en relación a Valle del Golf, Tierra Alta y Antigua Cervecería. "Actualmente cuentan con dos actuaciones de oficio iniciadas por la presente Dirección a los fines de que dicha firma informe todo lo relativo a South American Trust y Antigua Cervecería (consiste en un pedido de informe a dicha firma tendiente a que acompañe a esta repartición todo lo referente al emprendimiento mencionado, copias de contratos, planos, capital social, fecha pactada de entrega, etc.)", explican desde la repartición. "Esta empresa cuenta con varias denuncias y ha solucionado en la etapa conciliatoria aproximadamente el 35% de los casos. El resto está a estudio para imputación y posterior sanción en caso de corresponder", aclararon.

EDILICIA SUEZ. Hay dos denuncias sobre Megaron -una solucionada y otra en estudio-. En cuanto a Live! indicaron que si bien hubo presentaciones estas no avanzaron debido a la existencia de un un pleito entre la firma y la Municipalidad de Córdoba referido a autorizaciones en la altura de la torre y que todavía no tiene sentencia definitiva.

INVERCO. Registra pocas denuncias: una solucionada en audiencia y dos a estudio en el área jurídica de la Dirección mencionada.

Otra firma del sector que registra denuncias en esa dirección es Márquez & Asociados, aunque la misma fue solucionada en una audiencia entre las partes.

Cabe resaltar que las actuaciones de oficio vienen siendo utilizadas con mayor modalidad en diversos rubros comerciales y cuya modalidad permite actuar sin necesidad de reclamo por parte de usuarios.    

"El objetivo es que las empresas requeridas informen entre otras cuestiones: avance de obras, cantidad de adherentes y/o compradores, cantidad de unidades entregadas, capital social en giro, acompañen copias de los contratos que utilizan en sus operatorias, mencione si existe o existió mora en la entrega de alguna unidad, etc.", explicaron a este medio.

En los últimos meses por este procedimiento de oficio se logró reunir información para sustanciar una denuncia penal contra algunas empresas de viviendas prefabricadas (Ver nota acá) un subrubro que desde julio del año pasado a abril registra 51 denuncias en Defensa del Consumidor (GL)