El intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker asegura que el 99,9% de los vecinos de ese poblado de casi 5.000 habitantes están en contra de que se instale en las inmediaciones de ese pueblo la planta de tratamiento de la basura de Cormecor.
"Los estudios ambientales que se hicieron sobre el predio no son serios y los líquidos lixiviados van a contaminar las napas de agua y mucha gente se provee de ella con perforaciones", asegura.
El terreno está a unos 2 kilómetros de las viviendas perimetrales de la localidad del departamento Santa María. Fue expropiado por la Provincia meses atrás y cedido a Cormecor, la empresa conformada por el municipio capitalino y otros del Gran Córdoba para encargarse de la gestión de los residuos sólidos urbanos desde 2017. Cuando cese la vida útil de Piedras Blancas, el predio de enterramiento cercano a Bouwer.
"De ninguna manera afectará a las napas, que están muy profundas. Lo desmiento, al igual que cuando dicen que el terreno elegido posee una pendiente hacia el pueblo. Hay cuestiones que algunos discuten que no tienen sentido común, van en contra hasta de la física", dispara Hugo Pesci, director titular de Cormecor.
Córdoba y sus suburbios necesitan de una nueva planta de tratamiento de residuos y por ello se creó esa corporación intermunicipal. Debe estar lista antes de agosto del año próximo. "Este es un proyecto en el que se viene trabajando desde hace más de tres años, sabemos que nadie quiere tener la basura cerca pero fue la UNC y la UTN la que evaluó el impacto ambiental del lugar y la Provincia expropió después de que Ambiente diera el OK, está todo en regla", asegura Pesci.
Comenta que la planta será "referente regional" y que de acuerdo a las licitaciones realizadas se usará el Tratamiento Mecánico Biológico (MTB por sus siglas en inglés) en gran parte, pero cuenta con plantas recicladoras específicas, como las de neumáticos o restos de poda. "Estimamos que las inversiones que allí se harán rondan hoy los $ 450 millones", opina.
"Se quedaron con ese predio porque el que vendía estaba en mala situación económica y les salía más barato expropiarlo", asegura el intendente Becker, quien dice que junto a otras ONGs, iglesias y vecinos autoconvocados están buscando nuevos terrenos "por la zona" para que se instale la planta. Además, preparan nuevas presentaciones judiciales.
Los integrantes de Cormecor atribuyen los cuestionamientos a cuestiones políticas (señalan a una dirigente kirchnerista de Santa Ana), ideológicas (movimientos ultrambientalistas) y económicas (dueños de tierras cercanas al predio que verán caer el precio como inversión inmobiliaria, rubro de gran crecimiento en la zona).
"Es extraño que los que dicen defender el medio ambiente no se quejen de que hoy el basural de Santa Ana es a cielo abierto, es decir ultracontaminante, y está a menos de 500 metros del pueblo", cruza Pesci.
Polémica servida. Y esta vez no se puede esconder nada debajo de la alfombra.
De qué hablamos cuando hablamos de "Ecologismo bobo"
El concepto de ambientalismo "bobo" no es un invento de este periodista. Como tampoco lo son los conceptos vertidos en el cuerpo de la nota, obtenidos a través de entrevistas telefónicas con ambas fuentes.
Es una idea que surge en contraposición a quienes están a favor de prohibir cualquier actividad que tenga impacto ambiental. Y en la economía actual, todas la tienen.
Sirva un ejemplo para explicarlo: la minería. No hablo de trabajos mineros a cielo abierto con soluciones cianuradas para obtener algo totalmente improductivo como el oro sino de cualquier actividad minera. Yo estoy en contra de eso, valga la aclaración.
Todos vemos los beneficios de tener calles asfaltadas, teléfonos celulares que funcionan con baterías de litio o de aumentar la productividad de los suelos cultivables gracias a los minerales extraídos de las montañas.
Negarse a TODO TIPO de explotación minera sería volver a calles de tierra, no concebir las comunicaciones como ahora o retrotraerse a la economía pastoril.
El argumento "no me importa donde pongan el basural pero que lo lleven lejos de acá", el cual es repetido por muchos vecinos (incluido alguno que comenta esta nota) carece de racionabilidad porque en poco tiempo estaríamos discutiendo el mismo problema que hoy tiene Villa Parque Santa Ana en otro municipio.
¿Qué hacer entonces? La forma en la que nos hemos organizado -aunque ineficiente muchas veces- es vivir en un Estado de Derecho. Es decir, los gobernantes bajo el imperio de la ley dictan políticas públicas que procuran el beneficio común.
Es obvio que en cada una de esas decisiones hay afectados. Y es también la autoridad la que debe compensar eso que en economía se llama "externalidad negativa".
Los vecinos de Santa Ana tienen mucha razón en descreer de las políticas públicas sobre los residuos. La Ciudad de Córdoba generará más del 90% de la basura del próximo complejo ambiental y la capital provincial no pudo remediar Bouwer -donde la contaminación es evidente-, prometió que Piedras Blancas iba a ser una solución "momentanea" y aún está vigente y ni siquiera puede aplicar la separación en origen desde que se inició con la Crese de Giacomino y que empeoró con Mestre.
Pero argumentar sin racionabilidad es tan patético como el accionar de las autoridades en los últimos años.
Antes y después de esta nota he hablado con varios vecinos. Algunos, luego de escuchar mi explicación del "ambientalismo bobo" (y reconozco que fue un error no haber detallado ese concepto en la misma nota) admiten que hay personas en Santa Ana que encajan en esa descripción.
Muchos aseguran que ya están trabajando en una propuesta que mejore lo dispuesto hasta ahora por Cormecor. El intendente de Santa Ana aseguró que analizan zonas "a 8 o 9 kilómetros" de cualquier poblado y "que no afecte a napas de agua".
Actualmente las posiciones son diametralmente opuestas: Cormecor dice que las instalaciones están a "3 km de distancia de zonas urbanas" y los vecinos "a 960 metros"
La Corporación de la que son socias Provincia y Municipio asegura que las napas no se contaminarán y los habitantes aseguran lo contrario al tiempo que denuncian irregularidades en el proceso de análisis mientras los funcionarios afirman que los estudios técnicos (en base a datos de institutos universitarios públicos) se enmarcan en la Ley de Ambiente.
Soy conciente que el tema es muy sensible. Como también lo soy que habrá un antes y un después de este proyecto. O a lo mejor es mi deseo que así sea.
Porque los temas ambientales llegaron para ser discutidos (aunque en los grandes medios aún no se les dé el espacio suficiente ¿por qué será, no?) pero para hacerlo es necesario tener la certeza de que vivir en sociedad genera costos y beneficios, derechos y obligaciones.
No quiero discutir si vale más el informe de la Funam o el del instituto ISEA del que se agarró GeoAmbiental (por cierto, las autoridades de ese ente y dicha empresa deberían dar la cara). Esto no es un Boca-River.
Basura, agua, cloacas son los problemas de salubridad de las grandes ciudades y resolverlos sin razonabilidad no tiene sentido. A los racionales vecinos que se sintieron afectados por el calificativo usado en el título de la nota, les pido disculpas.
Como me dijo Santiago, uno de los vecinos con los que hablé esta semana: es probable que de la polémica salga algo bueno. Para mí ya salió. (GL)