La Casa Rosada ha marcado el rumbo de la estrategia nacional en el manejo de la pandemia de coronavirus y de la crisis económica. Logró “una nueva normalidad” con los gobernadores peronistas (que habían hecho extensiva su desconfianza hacia Cristina Kirchner al presidente Alberto Fernández) se logró en virtud de un trabajo conjunto en el plano sanitario pero, fundamentalmente, con asistencia financiera para aquellos que habían sido discriminados durante la “década ganada”.
Es por eso que las disposiciones nacionales suelen bajarse al terreno local casi sin cambios. A la pelea por el cobro de sueldos en tiempo y forma que libra la mayoría de los sindicatos argentinos y a las reducciones salariales consensuadas o impuestas, se sumó la alternativa del pago del aguinaldo en cuotas para el sector estatal y privado. Fue el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien se encargó de transmitirle a los referentes de los estatales nacionales que aquellos que cobren más de $80 000 brutos recibirán en varios fragmentos el medio sueldo anual complementario (SAC) que legalmente debía liquidarse antes del 30 de junio.
En la Municipalidad, a través del viceintendente Daniel Passerini, anticiparon que la realidad económica no cambió y que es una alternativa que está en estudio. La misma información se escucha en los pasillos de El Panal, trajinados, por la pandemia, por la planta política del gobernador Juan Schiaretti. Fue un alto ministro del Centro Cívico el responsable de deslizar a los intendentes ahogados por la crisis que la decisión de fragmentar el aguinaldo en los distintos niveles del Estado dependerá del flujo de fondos que envíe el poder central a las arcas provinciales.
Cierto es que los actores políticos y sindicales involucrados en el sainete sospechan que no habrá asistencia y que serán las provincias y patronales las que deberán hacer frente al compromiso. El alivio sería sólo simbólico, es decir, en el camino que abrió la decisión de que sea el propio Estado nacional quien haga punta en un ajuste que no tardaría en calentar la escena.
En Córdoba y en la víspera de la toma de decisiones importantes, la central que lidera José Pihen emitió un comunicado donde expone su postura: “Ante la multiplicación de anuncios sobre posibles desdoblamientos del pago del aguinaldo correspondiente al primer semestre, la CGT Regional manifiesta su más enérgico rechazo a esa posibilidad y exige que se cumpla con las normativas vigentes que prevén el pago en una sola vez”.
Seguidamente, acusa al sector privado de montar una campaña mediática para instalar que no pueden cumplir con el desembolso, apenas la Nación blanqueó el método para cumplir con las obligaciones de mitad de año.
“Coherente con lo que ha sostenido desde el comienzo de la Emergencia Sanitaria, la CGT Regional rechaza cualquier medida que imponga los costos de la crisis sobre los salarios o los puestos de trabajos e insta a las patronales privadas o estatales a cumplir en tiempo y forma con la obligación del pago completo del medio aguinaldo”, cierra.
La CGT intenta detener el efecto contagio en el sector público y privado, aunque las expectativas de torcer la tendencia son bajas. “Por la pandemia y la falta de recursos, el poder político puede defender las medidas que ya tomaron y las que vendrán más allá de lo legal”, reconoció un referente sindical a este diario.
Como sea, se hace necesario recuperar la iniciativa política luego de semanas duras para la CGT. La armonización jubilatoria que aprobó la Legislatura el mes pasado abrió una grieta entre dos líderes de gremios estatales de peso: el SEP y la UEPC.
Los maestros renegaban de tener las jubilaciones más bajas, cuando Pihen se veía envuelto en la polémica por el final de su trámite por una compensación cercana a los $250 000, dos días antes de la reforma que solicitó Schiaretti a Hacemos por Córdoba. La tensión quedó expuesta al ser el sindicato que dirige Juan Monserrat el único que no firmó la carta de apoyo a Pihen.
Para mantener la cohesión con un socio clave, a la pulseada por los aguinaldos se sumará el rechazo al recorte que sufrirán los pasivos que aportaron a la Caja de Jubilaciones. Prometen movilizaciones masivas para los próximos días.