La propuesta cursada el jueves por el Ejecutivo fue aceptada el viernes por el Suoem, que la refrendó por 198 votos positivos contra 61 votos negativos.
De ese modo, el reajuste del salario de los municipales quedó fijado en un 23,45 por ciento para los primeros diez meses de 2020, a saldarse en dos tramos: el 11 por ciento inicial en noviembre y el 12,45 por ciento restante en enero 2021. Aunque para generar un ahorro en las cuentas del Palacio 6 de Julio, esos montos no serán automáticamente computados como remunerativos, sino que serán “blanqueados” de manera escalonada entre febrero y mayo del año próximo, cuando se reabrirá el diálogo para pactar una nueva paritaria que cubra de noviembre a abril.
Junto a ese reajuste, el gremio consiguió el descongelamiento de la carrera administrativa (ascensos) a partir de febrero próximo, el regreso del adicional por título como concepto remunerativo (que impacta sobre el básico y, por ello, en todas las demás bonificaciones), y una “compensación económica” por la hora de jornada que en mayo redujo el Concejo Deliberante, es decir, los municipales no volverán a trabajar siete horas, pero sí cobrarán parte de la séptima hora sin trabajarla.
El acuerdo, que parece mucho más concesivo de lo necesario dada la posición de relativa fortaleza de la administración frente al sindicato, estuvo sin embargo lejos de colmar las siempre extravagantes pretensiones del Suoem, pero particularmente estuvo lejos de satisfacer las expectativas generadas por el propio Rubén Daniele, que a principios de octubre se despachó con un discurso en el que, además de insultar a las autoridades municipales, prometió a los suyos recuperar “todo” lo perdido desde el inicio del conflicto.
Desde las reparticiones los empleados preguntan qué delegados votaron a favor y cuáles votaron en contra del acuerdo, descreyendo que éstos hayan realmente cumplido con el mandato del que fueron investidos por los trabajadores de cada área, pero el sindicato hace caso omiso de tales pedidos y se niega a revelar esa información.
En base a una reconstrucción de algunos delegados disconformes con el acuerdo la propuesta no habría pasado, entre otras reparticiones, en Obras Viales, Higiene Urbana, Parques y Paseos, Control Integral de la Vía Pública, Deportes y Alumbrado Público. En varias escuelas y dispensarios también habría triunfado el rechazo, al igual que en dos cementerios.
Resulta particularmente relevante que las Áreas Operativas, que hasta hace poco tiempo atrás jamás votaban en contra de una oferta avalada por Daniele, ahora se revelen.
Los delegados que revistan en esas reparticiones ven que, a pesar de haber sido sus representados los que más se movilizaron (mientras en otras oficinas compañeros hacían horas extra), el acuerdo negociado no sólo no los devuelve a la situación previa al conflicto sino que tampoco les garantiza quedar indemnes por los episodios de violencia que se registraron desde su inicio.
El mismo día que se aceptó la propuesta se conocieron las detenciones de cinco municipales. Al menos tres de ellos revistan en las Áreas Operativas. Si el intendente actúa como en el caso de Nelson “Mortero” Cuello, deberían ser cesanteados. ¿Serían los únicos? ¿O sólo los primeros?
Casi en simultáneo tomó estado público otra noticia: el TSJ estaría estudiando la posibilidad de que Daniele vuelva a quedar habilitado (¡habiendo atravesado por más de tres años la edad jubilatoria!) como empleado activo y, por lo tanto, como posible competidor para las próximas elecciones internas.
Solo hace falta agregar una gota de suspicacia a ese cóctel para que las Áreas Operativas entiendan ser la moneda de cambio de un acuerdo tejido para que Daniele vuelva al gremio. ¿No son acaso el principal escollo también para la descentralización?
La tensión entre la conducción y las Áreas Operativas no es nueva. Daniel Fernández, secretario adjunto y otrora líder de esas reparticiones, ha perdido su ascendencia sobre ellas, y cuando Daniele ofreció su último discurso de guerra decidió hacerlo sólo porque ninguna de esas oficinas se movilizaría si quien los convocaba era Beatriz Biolatto. En otras palabras, el los alentó a marchar y ahora firmó una paz que no los convence.
Esta semana habría una reunión de delegados en las instalaciones de Barrio Observatorio, donde se concentran esas áreas. Si la resolución es movilizarse en rechazo al acuerdo, ¿cómo quedará una conducción que no puede sostener lo que firma ni siquiera por un fin de semana?
El Ejecutivo ya firmó una paz con Daniele en julio. Lo llamó a la mesa, le devolvió 120 contratos en una reunión “mejor de la que (él) esperaba” y lo volvió a empoderar. El viernes devolvió parte del recorte de la jornada. A este punto, nadie parece dudar demasiado de que Daniele y el Ejecutivo se necesitan. El primero por mera “supervivencia”, el segundo para encontrar algún liderazgo que ordene esa federación de reparticiones que es el Suoem.
Ahora bien, las Áreas Operativas no representan el único sector del gremio disconforme con el asunto. Los jubilados ven como el sindicato acepta diferimientos de los conceptos remunerativos que los perjudican particularmente. Sumados a los diferimientos impuestos por ley, recién cobrarían el reajuste a mediados del año próximo. La estrategia judicial es la única que esgrime el gremio para defenderlos.
Hasta ahora, los jubilados eran una pieza clave en el aparato electoral de la lista Verde. Con ellos, cada comicio empezaba medio ganado. ¿Seguirá siendo igual?