“Que, en este contexto de agravamiento de la situación sanitaria, resulta evidente que no se dan las condiciones para continuar con la campaña electoral, ni para que la población concurra a votar el día 29 de septiembre próximo, ya que son altas las probabilidades de que para esa época se produzca el pico de casos o, a los sumo, el comienzo del amesetamiento posterior, pero sin que desaparezca la alta preocupación por la circulación del virus”, la Junta Electoral Municipal terminó avalando en su resolución 43 lo que la ciudadanía riocuartense venía pidiendo a gritos e impulsando con amenazas de escasa participación. Los comicios quedan ahora convocados para el 29 de noviembre,
La postergación por segunda vez del acto electoral no era una opinión unánime dentro del órgano encargado de organizar las elecciones, pero si un reclamo de las ocho opciones electorales en competencia, incluído el propio Intendente Llamosas. “El protocolo para ir a votar, para mí estaba muy bien armado, la cantidad de elementos de higiene y seguridad que se habían contratados, la cantidad de gente que iban a colaborar eran muchísimos, el padrón geo referenciado (cada votante sufraga cerca de su domicilio) es histórico para el país, se habían adoptado un montón de medidas. Y además, en general, en las actividades protocolizadas los contagios positivos no se replican en la misma actividad sino en el ámbito interno, cuando el tipo se relaja y se va a su casa”, asegura Fernando Pérez, secretario y vocero de la Junta Electoral Municipal.
Los ex magistrados provinciales adoptaron su determinación incluso sin esperar el informe solicitado al COE Central y lo dejaron sentado en el escrito resolutorio, “por nuestra parte, se ha solicitado al COE Central que mantengan informada a esta Junta Electoral Municipal sobre todas aquellas circunstancias que puedan llegar a afectar el desarrollo del proceso electoral y, especialmente, si hubiera que postergar o trasladar para el 29 de noviembre próximo la fecha de las elecciones. Que no obstante no haber recibido respuesta al pedido de informe, esta JEM considera que cuenta con suficiente información como fundamento”. La Junta había quedado atrapada en un juego de intereses políticos de las fuerzas mayoritarias que no pararon de especular hasta último momento sobre la conveniencia de ir o no a las urnas.
De Llamosas sospechan que los dejó expuestos a asumir el costo de continuar con el proceso electoral ahora abortado, siendo que en marzo se puso los galones de la primera postergación. Pero también creen que Abrile ha aprovechado cada posibilidad para ganar tiempo. “El partido opositor mayoritario no quería que se votara ni en marzo; lo primero que hicieron fue plantear un recurso en enero para declarar la nulidad del decreto de convocatoria, no querían votar ni con pandemia ni sin pandemia”, aseguró un allegado del tribunal.
Los miembros de la Junta están convencidos que todas las fuerzas electorales fueron pocos colaborativas para que se realizara la elección y, sobre todo, en ayudar a la Junta a que la sociedad tuviera confianza a la hora de ir a votar. “Una cosa es la información que uno maneja y otra el ánimo de la gente; la gente no iba ir a votar, desde ese punto de vista la elección iba a ser un fracaso, no por los contagios que se provoquen sino porque iba a a haber baja concurrencia”, expresó el abogado Pérez.
Las elecciones municipales parecen estar desde el primer día subidas a un cangrejo electoral que las hace avanzar un paso y retroceder dos. Ahora la Junta continuará su tarea a puertas cerradas, fijará un nuevo cronograma electoral, realizará otras correcciones al padrón, seguirá con los cursos de capacitación a las autoridades y esta vez pondrá el acento en difundir que es posible ir a votar en noviembre si se toman las medidas de prevención correspondiente.
Esta semana se lanzaba en los medios masivos una intensa campaña informativa para tranquilizar a los votantes e instarlos a ir a las urnas. La postergación de la fecha hizo frenar la demorada estrategia comunicacional.
Noviembre parece demasiado lejos como para dar alguna certeza de que la tercera será la vencida, como lo advirtieron los propios jueces en su resolutivo. Máxime con la dinámica indómita de una pandemia que nos entretuvo paseando en trencito durante más de cien días y ahora nos somete al estrés de una montaña rusa.
“Si logras amesetar los casos y 15 días antes, a mediados de noviembre, volvés a tener un pico de 100 casos por día, va a ser muy difícil hacerla. Pero si la actividad esta protocolizada, para mí se pueden hacer pero no manejamos la variable de confianza del electorado”, opina el secretario de la Junta Electoral.
En 90 días el coronavirus no habrá dejado de ser un perturbador de nuestras vidas y allí deberemos encontrar la solución para ir a votar. “Es mucho más riesgoso de contagiarte en el supermercado, en un restaurante o en tu casa, que ese día en la elección si se aplican los protocolos”, aseguran desde la Junta Electoral.
Sus integrantes tienen bajo análisis la posibilidad de desdoblar la votación pero ven que eso implicaría engorrosas dificultades logísticas (como replegar las urnas), alto costo presupuestario y, sobre todo, duplicar la cantidad de autoridades para los comicios: en lugar de los actuales 2.000 ciudadanos se necesitarían 4.000 para garantizar la organización del acto eleccionario.
Sólo si la pandemia arrecia, las urnas se suspenderán de hecho, pero si las condiciones son “seguir conviviendo con el virus”, el abandono de las formas democráticas puede transformarse en un peligroso antecendente para la historia institucional de Río Cuarto. Las urnas de noviembre son la última oportunidad para que la clase dirigente local dé la talla, deje de lado mezquindades y acuerde una salida a este laberinto en el que estamos. Así son las cosas.