El tema ya da vueltas en la agenda interna de Hacemos por Córdoba. Aunque por ahora de manera informal y sin demasiado alarde, el oficialismo provincial comenzó a masticar la idea de tener que revisar la limitación a las reelecciones indefinidas que rige para municipios y comunas que no tienen Carta Orgánica.
Lógico. Aquella normativa sancionada casi por unanimidad en la Legislatura de Córdoba en diciembre de 2016, que le permite a intendentes, legisladores y tribunos de cuenta ser reelectos solo por un periodo, terminará siendo un verdadero dolor de cabeza político para el PJ en el 2023.
Si esa modificación a la Ley Orgánica Municipal 8.102 se mantiene, casi la mitad de los alcaldes de los distritos del interior gobernados por el peronismo no podrá intentar un tercer mandato. Y las consecuencias políticas de dejar fuera de juego a una importante cantidad de dirigentes con territorio en una elección trascendental, podrían ser graves. A eso, en el Panal lo tienen clarísimo. Y preocupa.
En números concretos, sobre el total de los 427 municipios que componen el mapa político de la provincia, unos 280 estarán impedidos de buscar una re reelección en sus pueblos o ciudades en el 2023. De ellos, aproximadamente 150 son de escudería PJ (vale aclarar que, aunque son los menos, allí se cuentan también los que están limitados por sus propias Cartas Orgánicas).
El resto de los alcanzados por la ley, en su mayoría, pertenecen a administraciones radicales por lo que, en los escenarios que estudia como posibles Hacemos por Córdoba, no imaginan ningún tipo de reproches por parte de la UCR frente a eventuales cambios. Todo lo contrario.
La preocupación política del Centro Cívico sobre este tema es real, así también como la decisión que, de alguna manera, habrá que “subsanarlo”.
Nadie quiere que un pelotón de dirigentes peronistas con estructura política y desarrollo territorial quede boyando y reclamando por cargos que desde el Estado el PJ no podrá garantizar para todos, si es que logran retener el poder provincial. O lo que sería peor aún, tener a intendentes y jefes comunales oficialistas que, sin perspectiva propia, trabajen a media máquina poniendo en jaque el proyecto provincial donde el oficialismo se jugará todo.
Alternativas
Las opciones que se contemplan para revertir el escenario que se abre, son distintas por ahora. Lo primero que dicen las fuentes oficialistas es que dejar las cosas como están, supondría un riesgo que el peronismo no está dispuesto a correr.
Dicho eso, la probabilidad de que Hacemos por Córdoba vuelva sobre sus pasos y derogue la normativa en su totalidad, es baja aunque tampoco lo descartan.
Una alternativa podría ser exceptuar a los intendentes de dicha norma y mantener el tope sobre los mandatos que cumplen legisladores y tribunos de cuenta. Para ello, los alcaldes podrían interpretar que, al ser la ley de 2016, esos primeros cuatro años no cuenten y recién se contabilice el periodo 2019-2023 como el primero de los dos permitidos de manera consecutiva. Para algunos legisladores departamentales que empiezan a ocuparse del tema, esa sería una salida intermedia, factible, y que pospone para después de las elecciones generales, el debate.
Otra vía podría ser la judicial. Con esa apuesta lo que se buscaría es a que sea la Justicia la que haga caer la constitucionalidad de la ley entendiendo que la Constitución de la provincia de Córdoba, en su reforma de septiembre de 2001, ya había introducido límites sobre la reelección para el gobernador y vice, pero nada estableció sobre los intendentes.
Lo que se está hablando entre legisladores oficialistas, intendentes peronistas y el Panal es apenas una primera aproximación a lo que ya considera un problema a resolver. Sobre si los cambios serán este año o el próximo, no existen certezas; en cambio, de lo que nadie duda es que cartas en el asunto habrá que tomar definitivamente.