La pulseada contra el Suoem, vacilante en algunos despachos municipales, se mantiene firme entre las autoridades del Concejo Deliberante, desde donde se requirió a la Justicia una investigación por amenazas de muerte. Fue en julio cuando se sancionó la reducción salarial a la planta de empleados, y la amenaza estuvo dirigida al presidente de ese cuerpo, el vice intendente Daniel Passerini, y a sus hijos.
El vice intendente siguió con su rutina legislativa pero ahora las novedades provienen de Tribunales, en donde la fiscalía que investiga el episodio, a cargo de José Alberto Bringas, pidió la elevación a juicio contra un empleado municipal de Alumbrado Público. La imputación es contra Carlos Eduardo Fioramonti como probable autor del delito de amenazas calificadas.
Fioramonti (alias “Coco”) es empleado municipal desde 2004, ostenta el cargo de Jefe de Sección, gana aproximadamente $86.500 y su formación da cuenta de que tiene solo estudios primarios completos lo que, dada la calidad de la educación pública desde hace mucho tiempo, acredita por todo entrenamiento e idoneidad que sabe leer y escribir. Previsiblemente, porque era el sistema de contratación en los años de la intendencia de Luis Juez (2003-2007), su esposa, Marisa Esther Quevedo, también es empleada municipal, desempeñándose como contratada en el área de Educación.
El mensaje por WhatsApp dice textualmente: “yo quedo en la calle y vas a quedar sin hijo o sin madre vas a llorar lo que yo lloro hdmp (iniciales de hijo de mil puta) te voy a matar un hijo. Cuídate sé dónde vivís. Lo vas a llorar”.
En la investigación participaron organismos especializados de la Policía de la Provincia, desde donde se requirió información a la red WhatsApp para establecer el lugar físico desde donde salió el mensaje amenazante. Se comprobó, según la Fiscalía, que el utilizado fue un equipo marca LG Modelo LGE y 30f con sistema operativo Android. Pero, como es necesario para la aplicación WhatsApp, se utilizó una conexión de internet. Con el análisis de todos los datos obtenidos en el informe de red, se detectó que la dirección de IP informada por la empresa WhatsApp (181.165.117.53) provisto por la Empresa Telecom, se encontraba asignada a Marisa Esther Quevedo, esposa de Fioramonti.
El pedido de elevación a juicio de parte del fiscal Bringas data del 13 de octubre, contando el imputado con tres días hábiles para interponer un recurso. El plazo de tres días que comenzó a correr el día posterior venció, con carga horaria, ayer a las 10, no constándole a este diario que se haya elevado presentación alguna.
Debe esperarse información confirmatoria de estos plazos, pero en caso de haber quedado firme, la Municipalidad está obligada a iniciarle un sumario administrativo a Fioramonti.
En descargos durante la investigación, Fioramonti ensayó como explicación, por el origen del mensaje intimidatorio desde su domicilio, que a su casa siempre van amigos, que no recordaba quiénes habían ido ese día en particular, pero que habitualmente –hasta tres veces por semana- lo hacían Hugo Bustos, Marcelo Vázquez, Mario Pacheco, Cristian Tanquía y Luis Gómez.
El 8 de octubre Alfil publicó un informe bajo el título “Empleada municipal denunció abusos en Alumbrado Público”, en el que se detallaba que la empleada y delegada de esa repartición Erika Suvaljko había denunciado judicialmente por Abuso Sexual y Violencia de Género, a su superior jerárquico Luis Alejandro Gómez. Previamente había cursado un reclamo ante la Comisión de Género del sindicato que hizo caso omiso de su denuncia.
El tal Luis Alejandro Gómez no sería otro que Luis Gómez, el asiduo participante a las reuniones en la casa de Fioramonti. Todo parece indicar que la repartición de Alumbrado Público es una verdadera cantera de irregularidades que se cometen en muchas áreas del municipio. No se sabe en qué etapa procesal se encuentra la denuncia judicial de Suvaljko, pero sí que la directora municipal de Género, Mónica Ferreira, ya inició sumario administrativo contra Gómez.