La Municipalidad, el sindicato de choferes y las prestadoras llegaron ayer a un acuerdo para restablecer el servicio, que regresará a partir de este jueves.
Las unidades, que llevan más de tres semanas paradas, deben ser puestas en condiciones, y allí radica la razón de que el transporte no se haya reanudado hoy.
La UTA resistió y logró quedar exenta de cualquier tipo de reducción salarial. Hizo, en cambio, concesiones mucho menores: aceptó recibir el pago del SAC en tres cuotas (agosto, septiembre y octubre), percibir el anticipo que el convenio colectivo establece el día 20 de cada mes con el resto del salario, y consintió que por el término del acuerdo las empresas puedan adelantar las vacaciones de los empleados, reduciendo costos en viáticos.
Como contrapartida, el Municipio garantiza que se mantendrán el cien por ciento de los puestos de trabajo y que no se reducirán salarios.
Con la intención de dar estabilidad al servicio, las partes incorporaron al acuerdo una cláusula de “paz social” por la cual los empresarios se comprometen a no despedir a ningún empleado y el sindicato a “no adoptar medidas de acción directa que perjudiquen intereses y alteren la convivencia”.
En otro apartado del documento cada una de las partes declara conocer que sólo se podrá dar cumplimiento al acuerdo en los plazos establecidos si se hace efectivo del ingreso de los subsidios municipales, provinciales y nacionales conforme a un cronograma del que se dejó constancia.
En resumen, el transporte volverá sin cambios aparentes. De la letra del acuerdo no se desprende que haya existido ninguna clase de reformulación de entidad en los costos del servicio.
Sorprende, en alguna medida, esto último. En su parte introductoria, el documento describe el sombrío escenario en el cual las partes se sientan a negociar: “…las empresas y la entidad sindical reconocen que se están prestando sólo el 50 por ciento de los servicios y transportando el 12 por ciento de los pasajeros habituales con un costo del 87 por ciento de la capacidad plena del Sistema de Transporte”. Sin embargo, el acuerdo no parece introducir cambios significativos que permitan al sistema adaptarse al contexto descripto.
El instrumento, como se dijo, hace constar que su cumplimiento está directamente condicionado por circunstancias extrañas a las partes, a saber, recibir en tiempo y forma los subsidios nacionales y provinciales. Conocer qué flexibilidad tendrá la UTA para respetar la cláusula de “paz social” si alguno de esos envíos se demora resulta central.
En el plano gremial, el resultado favorece a una conducción que supo recibir ásperas críticas al inicio del conflicto y que logró, durante su devenir, equilibrar en alguna medida sus relaciones con los sectores más reacios al liderazgo de Carla Esteban (secretaria general) y Pablo Farías (secretario adjunto).
El resultado de la negociación legítima a la conducción.
Por contrapartida, la salida del conflicto -en un escenario tan adverso- sin que exista un replanteo de los costos del servicio no parece indicar que el problema esté resuelto o, al menos, encarrilado. Quedan por verse las reformas que el sistema de transporte pueda plantearse más allá de los costos laborales, que representan dos tercios de los costos totales.
En suma, la urgencia parece haber prevalecido esta vez para el Ejecutivo, que empezaba a pagar algún costo político por la parálisis del transporte.
El pacto arribado entre la UTA, las prestadoras y el municipio, señala un modelo de negociación que queda en las antípodas del implementado con el Suoem. De los tres frentes gremiales Llaryora conjuró dos: pactó con el Surrbac para ampliar los servicios que sus representados prestan desde el Esop (ahora rebautizado como Córdoba Obras y Servicios), y logró un avance sustancial sobre el Suoem reduciendo la jornada municipal. Con la UTA fue distinto.
Sin demasiados resultados para mostrar -de momento- en ese frente hay otra pregunta que puede hacerse ¿aceptará el Suoem, mansamente, ser el único destinatario de la tijera de Llaryora? Si el municipio ahorra en costos salariales propios y termina invirtiendo parte de ese ahorro en subvencionar el convenio colectivo de UTA ¿resultará eso indiferente a los municipales? ¿No todos tienen que ceder?