El conflicto del transporte sigue y la perspectiva de que encuentre pronta solución se ve lejana. La propuesta construida por el municipio y las empresas, que implicaba que los choferes aceptaran una reducción del 12 por ciento de los salarios y recibir el pago del medio aguinaldo en tres cuotas para garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo no prosperó.
La Uta realizó ayer una asamblea en su sede de Avenida Vélez Sarsfield que luego se trasladó a la Municipalidad donde hubo disturbios y enfrentamientos con la policía que comenzaron cuando los manifestantes incendiaron contenedores de basura. La protesta terminó con ocho detenidos y el final del conflicto parece cada vez más distante.
La situación del transporte es completamente crítica. La caída del corte de boletos es del 90 por ciento. Antes de la llegada de la pandemia, el sistema vendía entre 700 y 650 mil pasajes diarios. El viernes anterior al último día del padre hubo un corte de boleto “record”: 110 mil. Menos del 20 por ciento del corte habitual pre-coronavirus. El resto de los días el consumo del servicio de transporte es incluso mucho menor. ¿Cómo se sostiene un servicio planificado para una demanda diez veces superior a la existente? ¿Cómo se cubren los costos fijos que reclama una infraestructura diseñada para transportar 700 mil pasajeros por día con los ingresos que producen la venta de 50 o 60 mil boletos diarios?
La encrucijada no sólo es complejísima, hay quienes dicen que no tiene solución. Que el sistema de transporte tal y como se conoce actualmente está herido de muerte y que de subsistir necesitarán hacerse profundos cambios. Consciente de ello, el Ejecutivo se prepara para declarar la emergencia en el transporte, haciéndose de una herramienta que le permita modificar las condiciones de contratación bajo las cuales las prestadoras gerencian el servicio.
Pero más allá de los cambios estructurales que se avecinan, el Ejecutivo había cursado una propuesta a la Uta para que el servicio volviera a funcionar de manera estable por los próximos tres meses. Con aportes del Municipio, sumados a los subsidios que llegan desde la Nación y la Provincia, el transporte funcionaría siempre y cuando los choferes aceptaran una reducción del 12 por ciento de sus salarios “mientras dure la pandemia” y se avinieran a percibir el medio aguinaldo de junio en tres cuotas. Bajo estas condiciones, la Municipalidad garantizaba que no se perderían puestos de trabajo. Pero la Uta no avaló el ofrecimiento.
La interna dentro del sindicato sería el principal escollo contra el que chocó la oferta que, si se dimensiona la gravedad de la crisis que atraviesa el servicio, parece más que razonable. La actual conducción de la Uta, encabezada por Carla Esteban y Pablo Farías, no logra hacer pie entre los choferes de Ersa y Aucor, las dos mayores prestadoras, y esto entraña un serio problema para la Municipalidad, en primer lugar, porque resulta muy difícil lograr que un acuerdo rubricado por una conducción que no tiene amplia ascendencia sobre sus representados se cumpla, lisa y llanamente, una conducción cuestionada por las bases no puede ser garante de un acuerdo con ellas; y en segundo término, porque si no hay un interlocutor que aune todas las voces negociar es prácticamente imposible.
A la vez, esta fragilidad de la conducción determinada por el levantamiento de distintas facciones de choferes auto-convocados obliga a Esteban a tomar un discurso más radicalizado rechazando enfáticamente una propuesta que garantiza la continuidad de todas las fuentes de trabajo aún en un escenario en el cual la demanda del servicio es diez veces menor a la habitual y su prestación empieza a ser replanteada para adecuarse a una “nueva normalidad” que no promete llegar con tiempos de abundancia.
Sin embargo, y en razón de esta flaqueza, la conducción sale a lucir una postura inflexible para no dejar ningún resquicio discursivo que permita a los choferes “díscolos” erigirse en una oposición mínimamente articulada que pueda desafiarla. En otras palabras, la conducción está condicionada por su propia debilidad, y eso no le permite tomar posturas intermedias y convencer a las bases de que, en el escenario que hoy atraviesa el sistema de transporte público, garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo es el premio mayor.