Un par de semanas atrás el Frente de Todos (FdT) presentó en el congreso, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el proyecto denominado “Un puente al empleo”. En su primer artículo, el documento establece que el objetivo principal de esta potencial ley será:
“... transformar, de manera gradual y con criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de seguridad social en trabajo en forma de calidad, mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, desarrollar un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica”.
Para lograr esto, la iniciativa plantea descuentos de hasta el 100% en las contribuciones patronales de pymes y empresas que tomen, dentro de su personal, a beneficiarios de este nuevo programa. Además, de concretarse, la nueva ley también otorgaría a los privados que participen de estas contrataciones ciertos beneficios jurídicos, como la cancelación de deudas con el Estado Argentino, entre otras.
Por su parte, los inscriptos en este programa podrán mantener los ingresos económicos otorgados por el Gobierno durante 12 meses; para ello, no solo deberán ser incorporados por una compañía, sino que además deberán completar un curso de capacitación obligatorio.
Las advertencias de la Bolsa
Tras dicho anuncio, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba realizó un relevamiento de la situación actual del mercado laboral argentino. Semanas atrás Lucas Navarro, director de esta institución, presentó el análisis de estos datos y destacó sus siguientes preocupaciones.
Un segmento acotado. “En Argentina existen actualmente 4 categorías de empleo: los cuentapropistas y los asalariados informales componen el 50% del mercado; ese primer grupo representa un 27% del total, mientras que el segundo un 23%. La otra mitad de los trabajadores son asalariados en relación de dependencia, un 18% son empleados públicos y el 32% restante trabaja en el sector privado. Esto quiere decir que el 36% de las personas en relación de dependencia son empleados en alguna función pública. Por lo tanto, lo primero que observamos es que esta nueva ley solo beneficiará a un tercio de la población laboral” detalló Navarro.
Otra brecha: qué necesita el mercado, y qué ofrecen los beneficiarios. El economista precisó que, en el último año, se crearon en la Argentina cerca de 100.000 puestos de trabajo. De ese total, el 91% de quienes se sumaron a las fuerzas laborales tenían un nivel educativo alto, mientras que el 95% de los actuales beneficiarios de planes sociales tienen un nivel formativo entre medio y bajo. Por eso, desde la Bolsa señalan que esta diferencia -entre lo que exige el mercado y lo que ofrece la iniciativa del FdT- podría significar que pocas empresas encuentran algún atractivo en dichos perfiles.
Algo similar ocurre si se realiza un análisis por género: el 89% de las personas contratadas en el último año fueron hombres (porcentaje que se vio impulsado por los sectores de la industria y la construcción). En cambio, el 83% de los beneficiarios de planes sociales son mujeres.
Problemas macroeconómicos. Para Navarro, todo lo anterior se ve agravado por la inestabilidad del escenario macroeconómico del país: “Incluso si se cumple el pronóstico del FMI, que indican un crecimiento para la economía del país durante los próximos 5 años, en 2026 nuestro PBI per cápita se mantendrá 7% por debajo de los niveles de 2010”.
En diálogo con InfoNegocios, el especialista completó: “No hemos dimensionado los costos que este plan puede tener para el Estado, pero vemos que van a ser tan pocas las empresas que participen, que dudo que tenga un impacto. Parece tener una intención loable, y no veo elementos distorsivos, pero mientras no se recomponga la macro, parece inocuo”.
La mirada de la Ministra Jure
Con el objetivo de profundizar sobre la implementación de este tipo de proyectos y el rol del Estado en el fomento laboral, InfoNegocios conversó con Laura Jure, actual ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de Córdoba. Desde dicha cartera se llevan a cabo iniciativas como el Programa Primer Paso (PPP), Programa de Inserción Profesional (PIP) o Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones (PILA).
“¿Quién no va a coincidir en que deberíamos transformar los planes sociales en empleo? Pero no es una cuestión tan sencilla” sentencia la funcionaria, a lo que agrega “si se pudiera solucionar simplemente a través de un decreto o ley, esto ya se hubiese hecho. Así como no se bajan los precios por decreto, tampoco se crea trabajo solo con una ley”.
Desde esta perspectiva, Jure destaca 3 ejes que, según su criterio, componen el “éxito” de los programas laborales provinciales.
1. “Al empleo lo genera el sector privado”. “Uno de los mayores aprendizajes que nos deja la implementación de estos programas durante tanto tiempo, es la importancia de trabajar en conjunto” empieza explicando la ministra.
En ese sentido, Jure le otorga especial importancia a las alianzas estratégicas que han generado con las empresas. “Nuestro objetivo no es únicamente que el beneficiario se forme y se capacite, sino que también apuntamos a elevar la competitividad del sector privado. Que las empresas, las industrias y los comercios puedan aprovechar este proceso de capacitación para crecer, porque entendemos que esa es la manera: al empleo lo genera el sector privado, nosotros necesitamos fortalecerlo” completa.
En ese sentido, la integrante de Hacemos por Córdoba (HpC) remarca el rol formativo de los privados a lo largo de todo este proceso, así como la co-financiación que otorgan para la asignación estímulo que perciben los beneficiarios.
2. La importancia de las capacitaciones. En línea con lo anterior, Jure señala: “Muchas veces escuchamos a empresarios decir que no consiguen gente, aunque hay muchas personas buscando laburo. En realidad, lo que no consiguen es gente con el perfil que ellos necesitan. Estos programas buscan que las personas vayan adquiriendo ese perfil para que, cuando haya esa demanda, puedan atenderla y estar a la altura de lo que el mercado laboral requiere”.
Así, para la ministra “lo más importante de estos programas no es tanto las asignaciones, sino que las personas puedan acceder a esa capacitación”. En ese sentido, asegura que estos planes facilitan una primera experiencia laboral, algo cada vez más requerido en perfiles jóvenes.
3. Atender las necesidades del mercado. Al ser consultada sobre el costo fiscal que estos proyectos tienen para las arcas del Estado provincial, Jure dice que “es una cuestión de prioridades”.
En consonancia con eso, indica: “Muchas veces nos preguntan por qué no ampliamos el número de beneficiarios de estos programas, sobre todo cuando hay muchísimos más inscriptos que el número de sorteados. Pero aunque contáramos con los recursos para hacerlo, no podemos poner a todos bajo programas, porque sabemos que después el mercado no va a tener la capacidad para absorberlo”.
Y remarca: “Que ampliemos el cupo no quiere decir que vayamos a tener mayor impacto, al contrario. El objetivo es que la gente quede inserta en el mercado laboral formal, y si no existe esa demanda, no se puede simplemente crear esos puestos. Volvemos a lo mismo: los puestos no se crean por decreto”.
Por eso, argumenta Jure, estos programas tienen un período de 12 meses y no pueden ser renovados.
“Es una de las pocas incompatibilidades que tiene el programa. Es destacable porque, lo que nosotros hacemos, es brindar la herramienta para promover la inserción. No promovemos una situación de asistencia constante. Es un puente hacia el empleo formal” concluye la ministra.
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