De acuerdo a un comunicado oficial de la Municipalidad de Córdoba, la Dirección de Control de Transporte clausuró la oficina comercial de Uber en la ciudad, ubicada en el segundo piso del edificio de avenida 24 de Septiembre 1536, en barrio General Paz.
Desde la Secretaría de Transporte recordaron que esta oficina ya había sido clausurada anteriormente y que, en esta oportunidad, la Dirección de Control llegó al lugar para constatar que, lejos de mantenerse inactiva, continuaba en funcionamiento y sin las medidas legales para hacerlo, por lo que violaba lo dispuesto oportunamente.
Pero la gestión Llaryora no está peleando con “perejiles”: Uber a mantenido (y ganado) largas batallas jurídicas en ciudades de todo el mundo. Sus abogados esperan pacientemente, pagan las multas y vuelven a operar bajo diversas sentencias que declaran que su actividad no es ilegal.
El secretario de Transporte de la Municipalidad, Marcelo Rodio, explicó que “en forma independiente de la marca con la que funcione una agencia ilegal, el operativo de control y clausura que se lleva adelante es similar al que se realiza al detectar cualquiera de las remiserías ilegales que han sido clausuradas en la ciudad”.
El funcionario detalló que “en estos casos se procede a la clausura porque se trata de emprendimientos que no cumplen con los requisitos para funcionar como agencia”.
Rodio reiteró al respecto: “Vamos a ser inflexibles con estos sistemas ilegales, tanto por el resguardo y el respeto de todos los taxistas y remiseros que cumplen con todos los trámites y abonan tributos, como para con la seguridad de los usuarios, toda vez que los servicios regulados por el Estado municipal son prestados por choferes que no tienen antecedentes y responden a centrales que cuentan con monitoreo de las unidades”.
¿La Municipalidad deja “un muerto” a la gestión que viene?
Además de clausurar esta oficina, en reiteradas oportunidades se retienen autos que funcionan con la aplicación. Para poder liberarlos, los dueños pagan la consecuente multa (en torno a los $ 80.000 a $ 100.000) e inmediatamente recuperan el monto con Uber que -a cambio- se queda con la cesión del caso para sumar a su largo expediente.
Si finalmente, como ha pasado en casi todo el mundo, la justicia finalmente autoriza el funcionamiento de Uber, la multinacional se sentará con una millonaria factura de acarreos y multas para demandar al Municipio.
Claro, cuando esa sentencia llegue (si llega), Martín Llaryora está sentado en el piso más alto de la Casa de Gobierno y ese ya no será un problema de su gestión.