En la antesala de la negociación con el FMI, el presidente Alberto Fernández respaldó el plan fiscal del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien también defendió sus metas y las políticas de ajuste frente a los cuestionamientos de un sector del Frente de Todos que aboga por mejoras rápidas para los bolsillos.
Presidente y ministro cerraron filas y descartaron que se esté postergando el acuerdo con el FMI por cuestiones electorales. "Tenemos que tratar de seguir discutiendo con el Fondo y llegar a una solución. Hay que tratar de resolverlo cuanto antes", planteó Fernández en una entrevista en Canal 9, aunque advirtió que tiene que ser en condiciones que no perjudiquen a la población. "No estoy tratando de dilatar una definición", agregó sobre las versiones de demoras hasta después de las elecciones.
Postergar la definición con el FMI no es gratuita y los economistas advierten que puede generar más presiones devaluatorias. Para Federico De Cristo, de la Universidad Austral, "la recuperación de la confianza y poner en caja el déficit fiscal para bajar la emisión son claves para poder combatir la inflación con alguna perspectiva de éxito".
"Hace falta un acuerdo porque no tenemos los dólares para pagarle al Fondo, para hacer frente a los vencimientos", reforzó Guzmán, que ratificó el ancla cambiaria para contener los precios y advirtió que "no hay nada más desestabilizante para la actividad económica que un salto devaluatorio".
Este año se deben pagar u$s 7000 millones este año al organismo y el Club de París. "Si contáramos con los dólares para pagar, la urgencia sería menor", dijo entrevistado en LN+.
Para hacer frente a la presión electoral, el Gobierno arma un colchón fiscal con la mejora de la recaudación y las medidas para compensar el gasto, como el esquema de Ganancias a las empresas que financia el alivio impositivo para las personas humanas. El mensaje de Guzmán es cumplir con la meta de déficit del Presupuesto 2021 y, en los dos primeros meses del año, la recaudación estuvo creciendo 10 puntos por arriba de lo estimado en la ley de leyes.
Cuando surgen medidas como la propuesta de Sergio Massa de eximir del pago de Ganancias a los sueldos de hasta $ 150 mil, en el Palacio de Hacienda buscan alternativas para financiarlas. Así, este año ese proyecto tendría "efecto fiscal neutro". Las mayores alícuotas para empresas apuntan a recaudar $ 120 mil millones. Es más de lo que requiere por los $ 40 mil millones que costaría el alivio de la "cuarta categoría". Parte del gravamen a las firmas se cobrará recién en 2022 y dejará un colchón para el año próximo. A partir de abril y mayo, en tanto, inyectará más fondos en la economía para favorecer el consumo.
La pelea por tarifas es uno de los frentes electorales abiertos dentro de la coalición de Gobierno, en medio de una discusión con empresas y gremios para alinear expectativas en el 29% que, sin embargo, ya suscita advertencias de las dos partes porque en el primer trimestre la inflación ronda el 12%. "Hay que entender la estructura de costos para definir cuál es el aumento tarifario razonable para los usuarios, la competitividad y con coherencia fiscal", planteó Guzmán antes de reunirse con el staff del FMI y la directora gerente, Kristalina Georgieva, el próximo martes y miércoles.
La batalla interna sigue. La diputada Fernanda Vallejos, más cercana a Cristina Fernández, consideró que "los bolsillos no están preparados para absorber los aumentos" de tarifas. Durante la audiencia pública por el gas, comparó la postura del ministro con "el planteo ortodoxo que sostenía que los subsidios económicos entendidos como gastos del Estado, financiados con emisión, eran los responsables de la inflación".
PATRICIA VALLI - Subeditora de Economía y Política