El primer año de gestión de Alberto Fernández concluirá habiendo gastado más de un billón de pesos para contener la crisis sanitaria y económica derivada de la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19), lo que representa aproximadamente cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y prácticamente la mitad del déficit fiscal acumulado este año, estimado en $ 2,4 billones.
En prácticamente diez meses, el Estado desembolsó cerca de $ 962.315 millones en robustecer el sistema sanitario a nivel nacional, pero ante todo responder a las necesidades financieras de las provincias y engrosar la ayuda social con transferencias directas a la población más golpeada, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo autárquico dedicado a proveer con herramientas de análisis al parlamento.
El informe de la OPC, al que accedió este diario, no contempla otros $ 10.500 millones que se giraron a empresas y gobiernos subnacionales para mantener en funcionamiento el transporte público de pasajeros, $ 23.783 millones en concepto de subsidios de tasa para pymes a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), y otros $ 85.000 millones del Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para avalar préstamos para la industria, ambos a cargo de la cartera de Matías Kulfas. Totalizada, la cuenta supera los $ 1,08 billones.
Tomando en cuenta que el resultado económico de la administración pública nacional, calculado por la OPC, será deficitario en $ 2,4 billones, la pandemia de coronavirus, con su erogación estimada superando el billón, explica aproximadamente el 45% del gasto total del Ejecutivo. En otras palabras, la gestión de la crisis sanitaria y económica derivada prácticamente duplicó el gasto que el Estado habría efectuado sin la aparición de tamaño desafío, y representa cuatro puntos del PBI, según la estimación de Ecolatina del valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final en la Argentina, para el cierre del año. Según la OPC, el déficit del año será 8,5% sobre el producto.
En qué se fue la plata
El aislamiento social decretado el 20 de marzo pasado fue presentado por el Gobierno como el instrumento necesario para preparar el sistema sanitario a fin de que aguantara la demanda de respiradores y camas de terapia intensiva en todo el territorio. Sin embargo, la rigidez y la prolongación del confinamiento, como la caída de la demanda por múltiples factores (como la pérdida de puestos de trabajo y la erosión de los salarios) ha llevado al Estado a gastar más plata en contener los efectos secundarios de la pandemia que en atacar el Covid-19 en sí.
De esa montaña de gasto que en buena medida fue soportada con emisión monetaria, dos tercios de los fondos destinados no estuvieron estrictamente ligados al ataque de la enfermedad que se cobró más de 26.000 vidas en la Argentina y ha contagiado a casi un millón de argentinos, sino en responder a la demanda de alimentos, medicamentos y elementos de aseo y limpieza de la población a la que más se le derrumbaron los ingresos.
En efecto, el Estado giró $ 650.265 millones a las provincias, directa o indirectamente, para contener la crisis social. Según el conteo elaborado por el Ministerio de Economía y presentado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, al Senado hace pocas semanas, la Casa Rosada giró $ 51.718 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para paliar el rojo de caja de los gobernadores, y volcó otros $ 4140 millones para repartir alimentos y productos de limpieza, de los cuales casi el 90% fueron a la provincia de Buenos Aires. Otros montos similares fueron en refuerzos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), los bonos para jubilados y pensionados, y las recargas extra de las tarjetas alimentarias.
El gasto más pronunciado y que se ha intentado cortar al momento ha sido el del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pagado a través de la ANSeS. El subsidio de $ 10.000, pagado en tres ocasiones desde abril, supuso una inversión de $ 265.000 millones, que representa casi un cuarto de la inversión total para atacar la pandemia. El Gobierno se debate en estos días si otorgar una cuarta ronda para fin de año, o bien segmentar el universo para llegar estrictamente a los más golpeados y sin posibilidades de emplearse a la brevedad.
El déficit asociado a la pandemia también tiene su correlato por el lado de la abrupta caída de los ingresos del fisco, fundamentalmente por la caída en los niveles de actividad y su repercusión en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como principal mecanismo de recaudación. Así las cosas, el déficit total del año rozaría los 9 puntos del producto.
Para drenar semejante agujero, el Presupuesto 2021 que envió el ministro Martín Guzmán postula que el año próximo el déficit será de 4,5% del PBI, lo cual pese a ser un descenso abruptamente bajo respecto a 2020, no deja tranquilo a los actores económicos que ponen la lupa sobre el fondeo de ese gasto sin respaldo y sin acceso a los mercados de crédito.