Algunas declaraciones de funcionarios bonaerenses enrolados en el mundo K y reproduciendo la apelación de Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de avanzar con una reforma integral del sistema de salud encendieron la primera alarma. Y la abrupta marcha atrás del Gobierno en la autorización del nuevo aumento de las tarifas de las prepagas terminó por alterar todos los nervios entre las empresas de medicina privada y los gremios que administran obras sociales.
“Hay una fantasía de crear un sistema único de salud para tener el poder completo”, denunció hoy Claudio Belacopitt, titular de Swiss Medical Group y uno de los principales referentes de la medicina privada en la Argentina. La preocupación es compartida por igual entre la primera línea de conducción de la CGT, donde sospechan de un intento oficial por avanzar sobre los fondos que manejan las obras sociales sindicales. El temor concreto involucra un supuesto plan alentado por la Vicepresidenta para “estatizar” todo el sistema privado de salud, una caja que administra nada menos que $ 800.000 millones anuales.
Tanto entre las prepagas como los principales referentes del sindicalismo admiten que hasta el momento ninguna voz del Gobierno les planteó en forma directa el presunto plan estatizador, pero advierten que algunas señales y gestos del oficialismo en los últimos días alimentan los rumores y todo tipo de especulaciones.
Al respecto, desde la cumbre cegetista deslizaron su preocupación por dos aspectos clave: por un lado la falta de respuestas efectivas de la Casa Rosada a sus reclamos para mantener la asistencia financiera a las obras sociales, cuya recaudación se desplomó por efecto de la contracción económica impuesta por la pandemia. Por otro, alertan sobre cierto enfriamiento en el diálogo que habían iniciado con las autoridades del Ministerio de Salud para reformular algunos aspectos del funcionamiento del sistema sanitario. Esas conversaciones, según los referentes sindicales, se concentraban puntualmente en un proyecto para reducir el universo de obras sociales (en la actualidad existen casi 300 prestadoras pero menos del 10% de ellas concentra la atención del 50% de los afiliados) y, a la par, introducir algunos cambios impositivos y reformular prestaciones de manera de reducir los costos que enfrentan esas entidades. “Da la impresión de que esas ideas se dejaron de lado y que ahora vienen por todo”, alertó un importante dirigente de la central obrera al ser consultado por El Cronista.
El “vienen por todo”, de acuerdo con la sospecha sindical compartida con los empresarios del sector, supone un esquema para monopolizar en forma discrecional todo el financiamiento del sistema sanitario y que obras sociales como prepagas se conviertan en “prestadoras” contratadas por el Estado. “Van a repetir lo que hicieron con las AFJP”, denunció otro referente cegetista sobre el supuesto plan del oficialismo. Y pone en números lo que está en juego: una caja que administra alrededor de $ 800.000 millones por año y que en conjunto brinda servicios de salud privada a 30 millones de personas entre afiliados directos y beneficiarios de obras sociales.
Las propias declaraciones de Cristina fogonearon los temores sobre el presunto fantasma estatizador. Y apuntan a una frase específica del discurso que pronunció antes de fin de año en un acto de tono partidario en La Plata. “Nuestro país debe ser de toda Latinoamérica el que más inversiones tiene en materia de salud, pero lo tenemos dividido en tres sistemas, el público, el privado y el de las obras sociales. Bueno, vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado en el que podamos articular todo esto para ser un uso más eficiente de lo que hay", propuso la Vicepresidenta.
Entre las prepagas se pusieron en guardia apenas el Gobierno comunicó la decisión de dejar sin efecto el aumento de 7% de los servicios que había anunciado solo unos días antes. La maniobra dejó heridos a varios funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro Ginés González García, y terminó con el superintendente de Servicios de Salud, Daniel Zanarini, internado en terapia intensiva la misma noche del 31 de diciembre.
Las empresas del sector denunciaron de inmediato la existencia de un supuesto plan oficial para ahogarlas financieramente y apurar la estatización del sistema. Belocopitt ahondó en esos temores: “De acuerdo a los rumores, todos los argentinos estarían dentro del mismo sistema de salud. Y eso es algo que no sería necesario implementarlo si la atención pública funcionara bien. Esto implicaría también avanzar sobre las obras sociales. Son todas versiones, pero lo cierto es que congelar las tarifas por abajo de los costos es absolutamente peligroso”, enfatizó.
También abrieron el paraguas en la CGT y ya preparan un pronunciamiento público en defensa de las obras sociales que gestionan los gremios. “Oficialmente no nos dicen nada pero está claro que quieren avanzar para crear una ‘gran Anses’ de la salud y convertirnos a todos en prestadores a cambio de una cápita que te paga el Estado en forma discrecional”, abundó uno de los sindicalistas que más conoce en detalle el funcionamiento del sistema de salud privada. Y añadió: “Buscan usar los fondos de la seguridad social para bancar el sistema público, pero así destruyen todo”.
Otro gremialista optó por encuadrar las versiones como parte de objetivos políticos más amplios por parte del kirchnerismo. “Se trata de una pelea más de fondo, acá se está ideando es un recorte del poder de los gremios, de la capacidad que tenemos para plantarnos en las negociaciones con el Gobierno”, remarcó el dirigente, aunque se mostró escéptico de que finalmente el presidente Alberto Fernández avance con la reforma. “No se van a animar a tanto”, confió.