La cuarentena ya superó los 200 días de extensión y dejó a una buena parte de las actividades económicas paradas durante una gran cantidad de tiempo. Si bien hay sectores que ya abrieron sus puertas con normalidad, todavía hay un segmento importante que tiene sus operaciones reducidas, o bien, no pudo volver a funcionar hasta el momento.
Para paliar la profundización de la recesión que significaron las restricciones, que llevaron en el segundo trimestre al peor desplome del PBI de la historia, el Gobierno se valió de distintos instrumentos para asistir a los sectores afectados, ya sean empresas que tuvieron que cerrar o perdieron su demanda, o personas que dependían de ingresos informales y los perdieron.
Hasta el 5 de octubre, cumplidos 200 días de cuarentena, el Tesoro anunció e implementó medidas económicas que significan un gasto público de $ 941.328 millones, equivalente a 3,5%, y una resignación de ingresos por $ 96.210 millones (0,4% del PIB), según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Por ello, el 'costo fiscal' del paquete de asistencia supera los $ 1,03 billones, que representa un monto similar a dos meses de recaudación y a un promedio diario de $ 5183 millones. Teniendo en cuenta que el déficit fiscal primario podría girar en torno al 8% del PBI, las medidas de apoyo significan la mitad, mientras que otra buena parte viene por el lado de la caída de la recaudación por el parate de la actividad, estimado para todo el año en más de $ 800.000 millones.
Además, el Gobierno dispuso de una serie de facilidades financieras para el sector privado cuyo monto asciende a $530.146 millones (2% del producto), aunque en este caso no son partidas, dado que el Estado solo puso recursos en garantía que totalizan un monto menor.
A dónde fue el gasto
De los $ 941.328 millones de gasto, cerca de $ 359.392 millones fueron destinados a gasto social, lo que significa 1,33% del PBI. Se trata del principal concepto de las erogaciones de la cuarentena.
Muy cerca están las transferencias al sector privado, casi totalmente explicado por los subsidios para el pago de sueldos del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). En total, alcanzaron los $ 334.457 millones, lo que equivale a 1,23% del Producto Bruto Interno. Además, se dispuso uan disminución de ingresos por el lado de aportes y contribucioens patronales, por $ 81.607 millones (0,3% del PBI).
El tercer destino fueron las provincias, que ante el desplome de los recursos propios, dado que la principal fuente de ingresos provinciales es un impuesto muy sensible a la actividad como lo es Ingresos Brutos. En total, Nación giró $ 194.065 millones, 0,72% del PBI.
Como cuarto concepto aparecen los gastos orientados a salud, que totalizaron $ 49.520 millones, 0,18% del PBI. También el Estado resignó ingresos, por $ 14.586 millones (0,05% del PBI).
El resto del gasto fue a otros segmentos en dosis menores, como defensa y seguridad ($ 1888 millones), educación ($ 1758 millones) y ciencia ($ 248 millones).
Además, el Gobierno adoptó medidas que facilitaron créditos y facilidades financieras por $ 530.146 millones.