La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este martes a la mañana a la Argentina para negociar un inédito programa de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) y acordar las condiciones de la devolución de 31.913,71 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) -más de $ 45.000 millones- y sus intereses -otros $ 3000 millones-.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tiene decidido que pedirá un acuerdo sin ajustes estructurales como habitualmente pedía el Consenso de Washington décadas atrás. "Eso nunca funcionó en nuestro país", dicen en el Gobierno.
Será con la solicitud de postergar los vencimientos de capital por 4 años y medio (al menos hasta 2025), ya que con la estructura actual el primer pago caería el 22 de septiembre de 2021.
Un programa del estilo del EFF viene clásicamente del FMI de la mano de reformas en materia previsional, tributaria y laboral, pero la negociación se fundará en la idea de que Argentina ya tuvo en los últimos años algunos cambios "a lo bruto" en las jubilaciones y en el empleo.
"¿Qué significa 'reformas estructurales'? Ya fue hecho a lo bruto en Argentina, con una sociedad postrada laboralmente, con índices tan bajos", comentan en el Gobierno.
Señales
Pese a ello, donde sí habrá una modificación estructural es en la movilidad jubilatoria, que tendrá una nueva fórmula desde el año que viene, si Guzmán consigue la aprobación del Congreso.
Los aumentos de las jubilaciones serán semestrales en vez de trimestrales y estarán atados a la evolución de la recaudación y los salarios, en un 50% cada uno, en lugar de la inflación.
Aunque el FMI tiene para todos los países su menú de ajuste en el gasto público y la seguridad social ("Servicios Sociales") se llevan casi el 65% del total de lo que gasta el Estado, en el Gobierno están muy confiados de que se inició una recuperación de la actividad económica que verá sus frutos en 2021 y que los haberes jubilatorios tendrán un crecimiento real frente a la inflación.
Eso sucederá si, como ocurrió en septiembre y octubre, la recaudación le gana en porcentaje a la evolución de los precios, y también dependerá de que los sueldos públicos y privados empiecen a recuperar el terreno perdido en los últimos dos años y medio.
En contacto con la Casa Rosada, fuentes oficiales remarcan que el lunes hubo señales claras al FMI sobre la agenda económica del Gobierno, "no para el agrado de ellos sino para mostrarle qué hacemos en este lado".
Aparte de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el próximo envío de un proyecto de ley para que el Congreso habilite cada nueva operación de deuda externa de ahora en más y la subasta de bonos en dólares por u$s 750 millones para darle salida ordenada a fondos extranjeros como PIMCO y Templeton.
El aval del Parlamento será fundamental en el nuevo acuerdo con el Fondo. La presencia de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y de Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, ambos en la presentación de la nueva fórmula previsional, es una señal de que el oficialismo está comprometido con esta agenda.
Según pudo saber El Cronista, también se trabaja en una reforma tributaria. Los técnicos del FMI no miran tanto el peso de los impuestos sobre el Producto Bruto Interno (PBI) en cada país sino la ecuación fiscal, por lo que buscarán asegurarse que los ingresos continúen en alza para reducir el déficit fiscal.
El déficit primario (sin contar intereses de la deuda) sería en 2020 menor al 7% sobre el PBI y el año que viene podría bajar del 4,5% (número pautado en el Presupuesto 2021), como les dijo Guzmán la semana pasada a los dueños de las principales compañías del país, nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Para esto, ya no habrá más "gasto pandemia". Se reduce a la mínima expresión el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Un programa inédito
El nuevo EFF será inédito porque se buscará lograr sin las típicas "condicionalidades" pero también porque en los casi 62 años que pasaron desde que el país pidió el primer programa al FMI, en diciembre de 1958, solamente afrontó dos EFF y se volcó en otras 19 ocasiones para un Stand By Agreement (SBA), como el de 2018-2019.
Un Servicio Ampliado del FMI (SFA), que da lugar a un EFF, está pensado para un país que "enfrenta graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a deficiencias estructurales que tardarán tiempo en resolverse".
"En comparación con la asistencia proporcionada en el marco de un Acuerdo de Derecho de Giro (Acuerdo Stand-By), los SAF se caracterizan por la participación en un programa y períodos de reembolso más largos", comunica oficialmente el organismo en su página web.
Los montos que se giran en el marco de un SAF "deben reembolsarse en plazos de 4 años y medio a 10 años, con pagos en 12 cuotas semestrales iguales".
En cambio, los créditos en el marco de un Acuerdo Stand-By (SBA) se reembolsan en períodos de 3 años y 3 meses a 5 años.
El FMI explica claramente que tienen "focalización en el ajuste estructural" y que los países que acceden a un EFF deben someterse a "reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas, además de las políticas que mantienen la estabilidad macroeconómica" con evaluación periódica del Directorio (Board).
Allí los votos de Estados Unidos (16,51%), Japón (6,15%), China (6,08%), Alemania (5,32%), Francia, el Reino Unido de la Gran Bretaña (4,03% cada uno), Rusia y Arabia Saudita (2,68% en total) son claves para la aprobación de cualquier programa.
En la historia de la Argentina con el FMI, solamente se firmaron dos acuerdos EFF. El primero fue el 31 de marzo de 1992, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, por 4020,25 millones de DEG (unos u$s 5500 millones) y el otro el 4 de febrero de 1998, con Roque Fernández a cargo del palacio de Hacienda, por 2080 millones de DEG (u$s 2800 millones), aunque no se desembolsó dinero en esa ocasión.
Primero crecer, después pagar
Un acuerdo con el FMI sería el paso previo a la renegociación de la deuda de más de u$s 2000 millones con el Club de París, la última escala para normalizar los compromisos de Argentina en moneda extranjera y conseguir tiempo hasta 2025 para el crecimiento económico sin pagos significativos.
Los desembolsos de deuda representaron un 12% del gasto público en lo que va del año, de acuerdo a las planillas oficiales.
Entre 2003 y 2005, el ex presidente Néstor Kirchner, de quien el actual mandatario, Alberto Fernández, fue jefe de Gabinete, postulaba que los "muertos no pagan".
Inspirado en esa épica, el Gobierno se encolumna con la ilusión de retornar a la senda del crecimiento.