El Gobierno nacional viene dilatando una respuesta asertiva a las demandas de financiamiento que varias provincias le han elevado en las últimas semanas, ante la evidencia de cajas deprimidas por la caída de la actividad y, consecuentemente, la reducción de recursos para afrontar, a fin de año, el pago de sueldos, aguinaldos y, eventualmente, otras erogaciones a cargo del sector público.
Por lo bajo, algunas carteras provinciales de Hacienda han dejado entrever que necesitarán fondos para asegurar un diciembre en paz, sin disputas con los sindicatos ni con las organizaciones sociales. Pero el Gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue empecinado -por ahora- en reducir el déficit fiscal, que creció exponencialmente por la pandemia de coronavirus, y rechaza liberar los fondos.
Concretamente, las provincias demandan que la Nación ejecute el 100% del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), que prevé reforzar las finanzas de los gobiernos subnacionales por $ 170.000 millones, mediante el otorgamiento de créditos preferenciales con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 0,1% y vuelque todos los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estos últimos repartidos a voluntad del Ministerio del Interior, que comanda Eduardo "Wado" De Pedro.
En Mendoza, por caso, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, reconoció la semana pasada que la provincia cuyana, a cargo del radical Rodolfo Suárez, tiene "una alta dependencia" de los ATN o "algún programa nacional de asistencia a las provincias" para pagar el primer aguinaldo que debe a los estatales con sueldos brutos superiores a $ 80.000, que debía abonar en junio, y el segundo sueldo anual complementario por devengar en diciembre. El funcionario dijo a El Cronista que "las partidas están al 65% de ejecución" y "hay más recursos para repartir, tanto de ATN como de préstamos". En su caso, no ha recibido información de cómo procederá la Nación.
Como Mendoza, otros gobiernos reclaman a la Nación liberar los fondos remanentes del FFDP y los ATN. En una gobernación alineada a la Casa Rosada que "no hay asistencia financiera", con excepción del subsidio al pago de salarios para empresas otorgado mediante el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) en los primeros meses que rigió el aislamiento social.
La demanda concreta de las provincias es, al menor, por $ 27.520 millones en juego. Entre el FFDP y los ATN, el Gobierno dispuso un fondeo de $ 170.000 millones. Faltando 40 días para el cierre del año, entregó $ 143.487 millones. El ritmo de ejecución de la asistencia financiera a provincias y municipios a cargo del Tesoro asciende al 88%, mientras los fondos administrados por Interior se ejecutaron al 78%.
De no obtener un auxilio de la Nación, las provincias en rojo no tendrían más remedio que ajustar el gasto o bien financiarlo con emisión de letras y títulos públicos en el mercado, ante la frágil situación de sus fiscos.
En lo que refiere a las transferencias automáticas garantizadas por Coparticipación, las provincias lograron ganarle a la inflación en agosto, septiembre y octubre, al observarse una suba del 13,2% en pesos constantes, de acuerdo a un informe de la consultora Aerarium. En el aludido trimestre, golpeó a favor la liquidación de Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, y en menor medida por la lenta recuperación del IVA. En lo que va del año, las gobernaciones se distribuyeron por este régimen $ 225.596 millones.
Ahora bien, las restricciones impuestas a la circulación y su efecto sobre la economía quitaron a los gobernadores cerca de $ 35.000 millones, reseña la citada consultora, integrada por exfuncionarios de Interior ligados a Rogelio Frigerio. Tales montos no pudieron recuperarse, habida cuenta de la lenta ejecución de partidas discrecionales a cargo de la Nación, y el hundimiento de los recursos en las provincias.
La semana pasada, el Gobierno acordó con Río Negro un desembolso de $ 2600 millones provenientes del FFDP. Según el esquema de distribución, las más beneficiadas con el reparto fueron Chubut, con $ 10.000 millones; Neuquén, con $ 8000 millones, y Tucumán, con $ 6000 millones. Las dos primeras, gobernadas por Mariano Arcioni y Omar Gutiérrez, respectivamente, atraviesan situaciones críticas por la pérdida de recursos vinculados a las regalías petroleras.
Córdoba, en tanto, recibió $ 4800 millones; Corrientes, $ 800 millones; Chaco, $ 2500 millones; Entre Ríos, $ 3500 millones; Jujuy, $ 2500 millones; La Rioja, $ 550 millones; Mendoza, $ 4900 millones; Misiones, $ 1200 millones; Río Negro, $ 5500 millones; Salta, $ 2100 millones; Santa Cruz $ 3000 millones; Santa Fe, $ 4600 millones, y Tierra del Fuego, $ 1500 millones.