El éxito del dólar soja le permitió al Gobierno sumar una nueva herramienta de negociación. A través de este mecanismo sumó unos u$s 8100 en reservas, solo en octubre, pero ahora además le permite poner sobre la mesa esta variable a la hora de negociar con las empresas alimenticias un "consenso" para ponerle un cepo a los precios.
En concreto, durante los primeros encuentros entre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y representantes de varias de las empresas del sector, se explicó que una de las iniciativas sobre las que se está dispuesto a avanzar es en mejorar el tipo de cambio para las exportaciones de la industria, de modo de compensar lo que dejarían de ganar a raíz del compromiso para no mover los precios por 90 días.
La respuesta de los empresarios en este sentido es dispar. Es que mientras algunos tienen un ritmo de exportaciones importante, para otros no es más que algo circunstancial de determinados momentos del año, por lo que no representa demasiado como beneficio.
Por el momento, durante las reuniones no surgió cuál podría ser exactamente el valor que tendría este "dólar alimenticias", pero se descarta que estaría en no menos de $ 200, valor que se había pactado para los sojeros, aunque en esos momentos con un dólar oficial por debajo de los casi $ 159 de este martes.
Precios en disputa
Dentro de la industria, quienes estarían al menos dispuestos a escuchar los pormenores de esta posibilidad apuntan que "sería cuestión de hacer números y ver, pero debería ser algo conveniente porque frenar los precios por 90 días en un contexto inflacionario tan importante puede ser complejo".
En tanto, otros directamente están cerrados a esta posibilidad. "No nos sirve. Nuestras exportaciones son temporales. Sería más la pérdida que la ganancia", advirtieron desde una alimenticia.
Ante esto, por el momento las empresas no están alineadas en un camino en particular, sino que cada una analiza su situación. De todos modos, recién se están dando las primeras reuniones, por lo que a medida que vayan desfilando las firmas por la oficina de Tombolini, seguramente podrá haber alguna opinión más sectorial.
Más allá de esto, lo que está claro es que a las empresas la idea de congelar los precios no es justamente lo que más las tienta. El Gobierno lo sabe, y por eso va detrás de incentivos que puedan sumar adeptos y lograr conformar el programa Precios Justos.
Dentro de este conjunto de ideas el Gobierno también apunta a otras "zanahorias". Una de ellas es la agilización del acceso a dólares a las empresas que tengan necesidades de importar insumos.
Otra de las opciones que el Gobierno tiene en carpeta es la implementación de algún incentivo impositivo. Tampoco está definido cómo sería este esquema, aunque funcionaría, sobre todo, para los casos de las empresas que no tienen una gran necesidad de importaciones.
El ala económica no quiere bajo ningún punto de vista que este proceso se tome como un congelamiento de precios, sino que siempre habla de un "acuerdo", para llegar a un consenso. Y en esta línea, se apunta a dar incentivos a las empresas, de forma de "darles una zanahoria", y "dar algo a cambio de la rentabilidad que pierden".
Interna en el gobierno
En la interna oficial, la idea de aplicar un control sobre los precios tiene que ver, sobre todo, con la presión que se ejerce desde el kirchnerismo para adoptar el cepo a los precios.
El ala económica reconoce que hoy los costos de los alimentos tomaron un impulso complejo de parar, pero prefiere ir más por el lado del diálogo que por directamente dictaminar un congelamiento de precios, algo que además no tiene el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aquí se podrían presentar algunas complicaciones ya que hay empresas que ya tomaron la decisión de no participar de Precios Justos. "Ya aportamos lo nuestro a Precios Cuidados. Esto que se quiere hacer ahora es totalmente inviable. Hablamos de 90 días como si en la Argentina la inflación estuviera controlada", afirmaron desde una alimenticia.
En este caso, habrá que ver si el Gobierno decide subir la apuesta y tomar la medida de forma unilateral, con lo que el caso se comenzaría a judicializar del lado de las empresas.