Es un tema trascendente para la economía que ningún gobierno se atrevió a tocar. Pero el reemplazo de Ingresos Brutos por un IVA provincial -una propuesta del gobernador Juan Schiaretti en su campaña y que la semana pasada el ministro Prat Gay dijo que la Nación iba a estudiar - está en la agenda de las políticas fiscales del país. ¿De qué se trata? Veamos…
- Los cambios en Ingresos Brutos son potestad de las provincias. Se trata de un impuesto que va gravando a la producción a lo largo de toda la cadena: agropecuaria, industrial y comercial. Si se van sumando las alícuotas en todas esas etapas en la mayoría de las provincias el impacto es de entre el 8% y el 11% según el bien o servicio de que se trate.
- Pero además, genera distorsiones porque algunas alícuotas varían si el bien se vende en la misma provincia que se produce o en otra. Por eso se habla de que son "aduanas internas".
- Los tributaristas coinciden en que hay que eliminarlo pero también consensuan en que para ello debe buscarse una forma de equiparar ingresos porque hoy IIBB es "el" impuesto recaudador. Por ejemplo: este año, en marzo Córdoba recaudó $ 3.045 millones y un 66% provino de ingresos brutos. En julio, ese tributo explicó el 75,6% de los $ 3.238 que se recaudaron.
- Hay dos "bibliotecas" sobre el reemplazo natural de IIBB por otro impuesto al consumo: el impuesto a las ventas minoristas finales (IVMF) o el IVA provincial (IVAp).
- El primero se aplica en la última etapa de la cadena de distribución y los contribuyentes inscriptos del IVMF son los comerciantes -minoristas y mayoristas- y sectores manufactureros o productores primarios, en la medida en que vendan directamente a consumidores finales. La gran desventaja de este tributo son las dificultades para su control, ya que requiere la inscripción y vigilancia de todos los potenciales vendedores a consumidores finales (al estar más atomizados es más difícil de controlar) y de acumulación de la carga que tienen estos tributos. Para garantizar la neutralidad tributaria se necesita diferenciar entre lo que es una venta minorista y lo que es una venta a consumidor final. Este sistema aplican los americanos.
- El segundo, el IVAp, también implica cobrar al final de la cadena pero evita trasladar el costo cuando, por ejemplo, un bien se vende a otra jurisdicción. "Si vendo en Córdoba, que tiene un IVA provincial del 10% un bien que cuesta $100, el comprador lo paga $110. Pero si la venta es a Santa Fe (donde, supongamos, el IVAp es 8%), allí no debe aplicarse el impuesto y el comprador santafesino cuando compre tendrá crédito fiscal nulo (paga solo $ 100) y cuando venda, suponiendo al mismo precio, cobrará $ 108 y tendrá un débito fiscal de $8 y un crédito nulo siendo el que termina pagando el impuesto en su provincia". El riesgo es que en la práctica se puede declarar que se vendió mucho a otras provincias para evitar pagar el IVAp", explica Andrés Mir, del Iaraf. Este esquema se aplica en Brasil y para evitar evasión aplicaron "bandas de alícuotas" y "alícuotas consensuadas" para transacciones interjurisdiccionales.
- A toda esta cuestión se añade el costo político. Si se aplica un IVA provincial el consumidor (votante) percibirá que aumentará "el IVA", un tributo nacional, y será la Nación la que pague el mayor costo político y si se aplica un IVMF provincial se exteriorizará una alícuota muy superior a la que la gente percibe que es la de ingresos brutos actual, por lo cual será considerado como un aumento de impuestos de las provincias por lo cual el cambio significa que las provincias -en especial las tres principales (y con más votantes): Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe- blanqueen que venían cobrando entre 8 y 11 puntos de impuestos por el precio de los bienes o servicios consumidos.
En conclusión, esta necesaria reforma debería darse en un ámbito de discusión amplio que contemple un nuevo esquema de coparticipación y vías alternativas de financiación provincial distintas al consumo, de manera tal de rebajar la alícuota de cualquiera de los impuestos mencionados. (GL)