Fue un claro "lobby" del Colegio de Farmaceúticos (presidido por Germán Daniele, investigado por defraudación al Pami): invocando un artículo modificado de una ordenanza se pretendió hacer valer una vieja norma que no permitía la apertura de nuevas farmacias a menos de 300 metros de una ya establecida.
El caso se remonta a 2018 cuando Farmacity inició los trámites para abrir otros 4 locales en la ciudad de Córdoba, en Recta Martinolli, Av. Sabattini, Bv. San Juan y calle Bedoya, iniciativas que -según subrayan desde la empresa- generarán 60 puestos de trabajo.
La negativa municipal durante la gestión Mestre llevó a Farmacity a tramitar un recurso que ahora tuvo resolución favorable del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que da lugar al argumento que sostiene que la “modificación (por ordenanza) de una cuestión regulada por una ley provincial, frustra un interés legítimo e impide que se desarrolle su actividad comercial libremente en cualquier lugar de la ciudad de Córdoba”.
Exigir una distancia mínima de 300 metros entre farmacias "resulta una limitación irrazonable e inconstitucional que afecta la libre competencia, el derecho a ejercer industria lícita, el derecho a comerciar y el de los consumidores a acceder a mejores servicios farmacéuticos”, explican.
La normativa, objetada con un planteo de inconstitucionalidad y que actualmente está suspendida, fue sancionada el 28 de julio del 2018 por el Concejo Deliberante de Córdoba y promulgada el 15 de agosto del 2018 y determinaba que no se instalen farmacias a menos de 300 metros con comercios de iguales características.
Aunque por su marketing parecen tener una posición mucho mayor en el mercado, los establecimientos operados bajo la marca Farmacity representan apenas el 2,3% del total de farmacias habilitadas en la provincia.
Desde la empresa y sus abogados entienden que la Municipalidad de Córdoba debería ahora acatar la resolución del TSJ y facilitar la apertura de estos locales.
El Colegio de Farmaceúticos teje en las sombras estas acciones restrictivas a la cadena nacional; paradójicamente, el titular de esta entidad -Germán Daniele- está involucrado en una causa que la Justicia Federal instruye por presuntas estafas contra el Pami y en cuyos procedimientos fueron allanados domicilios particulares y hasta la sede el propio Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Incluso el fiscal Enrique Senestrari llegó a pedir la detención del propio Daniele al juez de la causa, Ricardo Bustos Fierro.