El punto de encuentro fue en el auditorio del Colegio Monserrat y asistieron referentes del sector inmobiliario, abogados, prensa, asociaciones de inquilinos y demás autoridades. La Ley 27.551 es un tema de agenda y desde su aprobación ha generado diversas dificultades e incertidumbres tanto para propietarios como para inquilinos.
“El problema de los alquileres es un problema global, no solo de Argentina. Estos vienen siendo cada vez un peso mayor en la economía doméstica, a contracorriente de los demás bienes capitalistas. La política fracasó en el intento de facilitar los alquileres. Los candidatos a presidentes alquilan en dólares y ¿la ley?. Bien gracias”, así comenzó el Dr. Ezequiel Vergara, abogado y activista por los derechos de los consumidores, que expuso que la ley hizo que propietarios retiren su inmuebles y que se deberían evitar modificaciones en el precio de los alquileres, teniendo que ser claros y transparentes de entrada, ambas partes. Y que se debe aplicar la ley de Defensa al Consumidor para todos.
Por su parte el Dr. Maximiliano Vitar aportó su visión con respecto a la ley, la cual dijo que surgió tras muchas dudas de inquilinos ante el contrato, como por ejemplo: ¿cuánto me debe aumentar el alquiler? o ¿por qué tengo que mudarme cada dos años? “La propuesta de la ley de alquileres era brindar un parámetro objetivo pero no fue posible. Hay causas externas y sobre todo, la pandemia que sobrevino cuando salió la ley y la situación macroeconómica la destruyeron. En el censo del año 1947 había un 37% de hogares propietarios y un 63% inquilinos. En el año 1960 un 56% eran propietarios y un 28% inquilinos. Esto fue porque no se permitía pagar un alquiler que supere el 25% del sueldo y las viviendas no podían estar más de tres meses de manera ociosa, además había un banco hipotecario estatal”, dijo. El Dr. Mariano Andruet, abogado y socio de Estudio Andruet & Asociados, reforzó la idea de que el contrato de locación es un fenómeno “complejo y sensible” a todos los contextos. “La ley complejizó la situación y asfixió al inquilino. Lamentablemente los inmuebles se manejan con oferta y demanda. El tema inflacionario es imposible de apaciguar con una ley. Se debe facilitar el crédito blando para el acceso a la vivienda”, agregó Ricardo Nicolás, abogado y asesor inmobiliario. Para finalizar el primer panel de exposición Mariano Briña, abogado y asesor legal dijo: “Hay un Estado que no controla, muchos particulares utilizan sus propios contratos y hay oportunismo legislativo. Debe haber ajustes y equilibrio, pero sobre todo desterrar la falsa dicotomía que existe entre inmobiliarios e inquilinos”.
Por otro lado, Alejandro Hadrowa, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios, también expuso su análisis sobre la Ley 27.551: “Falta crédito hipotecario, actualmente hay un 0,4% del PBI cuando debería estar en 18%, hay que modificar algunos artículos de la ley ya que otros son muy importantes y sirven, pero la inflación y el año electoral no ayudan”. Desde el Colegio presentaron valores y datos reales sobre la problemática de la ley de alquileres. “La actualización anual genera una pérdida del poder adquisitivo para el propietario, por ejemplo, si yo podía comprar 10 kg de azúcar, a los tres años voy a poder comprar 6 kg. Tras un relevamiento vimos que el retiro de las propiedades de alquiler del mercado de mayo de 2022 a mayo de 2023 fue de un 36%. Esto genera menos oferta de inmuebles. Otro punto son los aumentos en el alquiler cuando hay que renovar el contrato, el mes pasado hubo un 170% de renovación de contratos, lo que genera una gran problemática en el sector y una caída de un 32% de las operaciones. Con respecto a la vacancia tenemos un 98%”, dijo Hadrowa. Y concluyó con promover modificaciones en el corto plazo como volver a contratos de 24 meses, ajustes de precios con acuerdos entre las partes, en un mediano plazo incentivos fiscales (descuentos en las cargas tributarias, bienes personales, etc.) y exención impositiva para nuevos desarrollos que pongan sus inmuebles en alquiler, y para largo plazo, modificar o realizar una nueva ley con la participación de corredores inmobiliarios y créditos hipotecarios que se ajusten en el mismo % que el salario.