Hace casi un año la justicia porteña ordenó a las prestadoras de servicios de tarjeta de crédito que se abstuvieran de realizar transacciones en la plataforma de Uber. Desde entonces, la app solo opera mediante pagos en efectivo o tarjeta de crédito internacionales.
Recientemente, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notificó a las compañías de telefonía celular el bloqueo del sitio web y la aplicación en todo el país.
Al cierre de esta edición el sitio web de la empresa estaba caído.
A pesar de estas circunstancias, tanto usuarios como socios (choferes) de Uber han seguido operando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Uber exige a sus socios determinadas condiciones (estado de los vehículos) y a su vez una tarifa más acomodada que se notifica antes del viaje. Por otro lado, según la compañía, para el 40% de los socios-conductores la plataforma representa su única fuente de ingresos.
Uber continúa con su resistencia intentando desembarcar en otros puntos del país como Córdoba. En marzo, la empresa envió encuestas por correo electrónico invitando a los cordobeses a sumarse como socios-conductores.
Durante un viaje en Buenos Aires, un chofer manifestó la preocupación de algunos conductores por no poder pagar a Uber las comisiones. Esto fue consecuencia del bloqueo de las cuentas y los medios de pagos electrónicos.
“Yo debo unos $20.000 pero tengo compañeros que deben cerca de $60.000”, agregó.
A partir de este testimonio jugamos con los números. Estimamos que: si el 40% de los 33.000 conductores activos -unos 13.000 choferes- debiera $60.000 y el resto -unos 20.000 choferes- $20.000 la deuda con la empresa sería de $1.780 millones en el último año.
¿Será esto una deuda o una inversión?