Concluida la primera etapa de cuarentena estricta, el presidente Alberto Fernández delegó en los gobernadores la responsabilidad de administrar las flexibilizaciones en sus territorios.
Por eso, desde hace algunos meses y siempre dentro de un marco general que rige para todas las provincias, los jefes locales tomaron el absoluto control del manejo de la crisis en sus respectivas jurisdicciones atendiendo las realidades epidemiológicas de cada región. El virus no se comportó de manera homogénea en todos los distritos.
Desde entonces, las disposiciones sanitarias nacionales focalizaron en el AMBA; principal punto de preocupación de las autoridades debido al alto grado de concentración de casos allí registrados. Tanto, que las últimas conferencias de prensa encabezadas por el jefe de Estado prácticamente fueron destinadas a provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, en las últimas horas, a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Fernández volvió a centralizar la estrategia sanitaria nacional. Dispuso un retroceso para todo el país, y por 15 días prohibió las reuniones sociales y familiares que sí estaban habilitadas en muchas de las provincias del interior.
Desde Olivos, consideran fundamental achatar durante los próximos 15 días la curva de contagios que reporta unos seis mil casos positivos cada 24 horas, frente a los rebrotes que se registran en provincias como Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Mendoza, Chacho, entre otros.
Como ya se señaló desde estas páginas, la decisión de cortar los contactos sociales y familiares dentro de las viviendas particulares, pero sin interferir en el funcionamiento de bares y restoranes, fue una medida que tomó la Nación sin consultarla previamente con los gobernadores.
Por eso, cuando hubo sorpresa en el gobierno de Juan Schiaretti cuando el domingo por la mañana la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte matutino de casos de coronavirus en el país, anticipaba esa nueva restricción sin brindar mayores precisiones.
Lo cierto es que ayer por la mañana, antes de dar a conocer la posición pública, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) central y del ministerio de Salud de Córdoba se asesoraron con funcionarios judiciales para conocer el alcance constitucional de la nueva medida y su viabilidad jurídica. Es que justamente, esa arista es una de las discusiones que abrió el DNU y que incluso ya derivó en la presentación de un proyecto de declaración de repudio en la Cámara Baja del Congreso.
Lo cierto es que finalmente ayer el coordinador general del COE, Juan Ledesma, dijo en conferencia de prensa no sólo que la Provincia acatará la medida, sino hasta consideró oportuna su implementación en este momento.
"Creemos que estamos en un momento de brote y una realidad preocupante así que nos trazamos en cada uno de los nuevos casos la presión de tener estas reuniones de orden social. Eso se ve como una problemática y este momento de incidencia será positivo", dijo ayer.
Mientras tanto, la reflexión que se escuchó por lo bajo desde El Panal apunta a la conveniencia política: Córdoba suma una restricción más para interrumpir la cadena de contagios mientras que el costo de implementar una medida “antipopular” recae en Alberto Fernández y no en Juan Schiaretti.
De cualquier modo, los sanitaristas locales recuerdan que el 90%de los brotes activos en distintos puntos de la provincia, están directamente relacionados a reuniones que excedieron el número permitido de familiares o que fueron sociales.
Ni bien Córdoba oficializó su adhesión (hubo provincias que la rechazaron como Corrientes), la polémica quedó instalada. Los principales cuestionamientos recayeron en que se prohíban tales reuniones en las casas particulares mientras los bares y restoranes siguen abiertos. Hubo también quienes señalaron que, después de cuatro meses de cuarentena y frente al hastío social, las prohibiciones ya no surten efecto. Con lo cual, desde esa óptica, anticipan un alto grado de incumplimiento.