La ley de la jungla es una expresión popular que refiere al hecho de que, en aquellos hábitats, el más fuerte termina comiéndose a los más débiles, sin demasiadas contemplaciones y sin que asista mayores derechos a los que terminan siendo devorados. Anoche, en la Cámara de Diputados, se vio precisamente eso.
En 2006, cuando se sancionó la ley 26.093 a instancias del expresidente Néstor Kirchner, se aseguró que los biocombustibles eran una apuesta estratégica de la Argentina. Era una retórica con fundamentos. El país es un especialista en cultivares aptos para ser transformados en energía limpia y, a mediano plazo, tanto el biodiésel como el bioetanol contribuirían a disminuir las emisiones de carbono propias de los combustibles fósiles.
La apuesta por los biocombustibles fue presentada como una auténtica política de Estado y, justo es decirlo, casi todo el mundo creyó que así era. Pocos años después de la sanción de aquella ley, el corte entre los derivados del petróleo y aquellos eran del 12% para las naftas y un 10% para el gasoil, todavía lejos de Brasil pero en línea con las tendencias mundiales.
Esto determinó que provincias tales como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires compartieran con las jurisdicciones tradicionalmente petroleras la responsabilidad de producir combustibles. Muchos empresarios de la pampa húmeda, sumados a las tradicionales explotaciones de caña de azúcar en Tucumán, construyeron modernas plantas de biocombustibles para satisfacer esta inédita demanda, invirtiendo sumas millonarias en dólares y creando miles de nuevos puestos de trabajo. Los productores agropecuarios, de la misma manera, comenzaron a sustituir el cultivo de soja -predominante desde 2003 hasta bien entrada la segunda década del siglo- por el de maíz, dado el novedoso destino industrial de esta oleaginosa.
El esquema funcionó razonablemente bien hasta que el Frente de Todos llegó al poder. En adelante el cóctel entre el control de precios y tarifas, la ausencia de una auténtica política energética y el manejo de YPF por parte de La Cámpora hicieron que aquella celebrada “política de Estado” se transformara en pura y lisa chapucería.
No es muy difícil comprender lo que sucedió. Durante la primera parte de la gestión de Alberto Fernández la Secretaría de Energía congeló el precio de los combustibles, lo cual impactó en la rentabilidad de las Pymes abocadas a la provisión de bioetanol y biodiésel. La caída internacional del precio del crudo y el desmanejo de la petrolera estatal luego de la partida de Guillermo Nielsen hicieron el resto. Ante los crecientes rojos de la empresa, La Cámpora, propietaria de facto de YPF, comenzó a preguntarse por qué debían compartir el negocio con el sector agropecuario, enemigo jurado del kirchnerismo. Bajando las proporciones de los cortes de biocombustibles se incrementarían los ingresos propios, aunque esto suponga un juego de suma negativo para los productores.
Esto determinó lo que sucedió después. La ley originaria, que venció en mayo pasado, se prorrogó durante sesenta días a la espera de un nuevo marco regulatorio para el sector. La media sanción de anoche es la respuesta de la Cámpora a esta urgencia. Si la iniciativa es aprobada por el Senado -se descuenta que así será- el corte de biodiésel en el surtidor se reducirá del 10% al 5%, en tanto que el de bioetanol se mantendrá en el actual 12% pero priorizando al que tiene como base la caña de azúcar en detrimento del maíz, un guiño al gobernador tucumano Juan Manzur y una abierta mojada de oreja al cordobés Juan Schiaretti.
Esto equivale a decir que Córdoba figura en la lista corta de los distritos agraviados. La nueva ley significará menos hectáreas destinadas a la siembra del maíz y el quebranto de numerosas empresas que apostaron a la producción de biocombustibles como una forma eficiente y ecológica de industrializar los excedentes agropecuarios. Además, como la mayor parte de estas plantas están situadas en localidades medianas y pequeñas, es lógico suponer que habrá un importante impacto sobre el empleo regional en el corto plazo.
Las consecuencias políticas de este asunto están a la vista. La iniciativa aleja todavía más al electorado local del oficialismo kirchnerista, al tiempo que dinamita cualquier intento de unidad que pudiera todavía subsistir entre el Frente de Todos y el peronismo cordobés. De hecho, es la coartada que le hacía falta a Schiaretti para terminar de consumar su divorcio con Alberto Fernández. Sorprende, en cualquier caso, la falta de timming de la Casa Rosada para impulsar un asunto tan sensible para las provincias productivas en la antesala de un proceso electoral. Es un nuevo ejemplo de los errores no forzados que jalonan sin descanso las decisiones presidenciales.
Es un hecho que el gobierno continúa disparándose a los pies al arremeter, nuevamente, contra el complejo agroindustrial. En un país empapelado de subsidios y planes sociales, el campo pone plata todo el tiempo sin recibir más que vejámenes por parte del Estado. Conforme un informe de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el sector exportó un total acumulado de 16.659 millones de dólares en el primer semestre del año. Cualquier podría suponer que el Fernández estaría feliz por contar con un aliado tan importante de su lado. Pero no, todo lo contrario. Él en persona decide prohibir las exportaciones de carne mientras que algunos de sus legisladores maldicen el hecho de exportar alimentos, al tiempo que se impulsa la dramática alteración de las reglas de juego en el mercado de los biocombustibles en honor al altar de La Cámpora. Son conductas surrealistas, cuando no abiertamente suicidas.
En definitiva, la Casa Rosada impulsa la ley de la selva con todos aquellos definidos como enemigos por Cristina Kirchner. El campo y sus industrias satélites son los primeros anotados para recibir los cachetazos. Y, en Córdoba, el castigo se extiende hacia todos sus habitantes, más allá de los modales presidenciales. Por lo tanto no habrá sorpresa alguna cuando, en pocos meses más, la provincia renueve sus credenciales opositoras, votando en sintonía por lo que, entiende, son sus propios intereses económicos.
El sentido común y las recomendaciones ambientalistas que la izquierda progre del Frente de Todos jura defender aconsejaban actuar de forma inversa a lo que ha sucedido, esto es, incrementar el corte de biocombustibles todo lo posible por sobre las alternativas fósiles. Pero las apremiantes necesidades de la YPF nacional y popular y la cobardía de Fernández hacen que lo evidente se torne opaco, ininteligible, sacando a la luz las tentaciones autoritarias que, cada vez con mayor ímpetu, brotan de la caja de Pandora en la que se ha transformado su administración.