Aún sin poder calibrar la dimensión del golpe político para Hacemos por Córdoba, el gobierno de Juan Schiaretti busca hacer control de daños sobre el escándalo que envuelve a la tercera autoridad de la Provincia.
Desde que trascendió la gravedad del siniestro vial en el Camino de las Altas Cumbres protagonizado por el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, que dejó como saldo la muerte de una mujer y dos jóvenes gravemente heridas, el caso no para de crecer en la opinión pública. Y quizá sea esa la razón por la que nadie del oficialismo se haya referido todavía al tema. Como para todo, el Panal prepara su estrategia.
El silencio, al menos de manera inicial, frente a casos polémicos que salpican al Centro Cívico es parte, desde hace tiempo, del manual de procedimiento de la administración schiarettista. Lo que no significa, claro está, que hacia adentro de la estructura no haya preocupación por la situación judicial del hombre de Traslasierra, pero fundamentalmente por las derivaciones políticas del tema justo cuando el peronismo arranca con su campaña electoral de cara al 2023.
El intendente Martín Llaryora debutó con traje de candidato a gobernador cuando la bomba explotaba en el corazón del oficialismo. Y aunque hasta aquí se haya tratado de encapsular el asunto en una cuestión “judicial” y tanto el capitalino como el mandatario provincial hayan evitado referirse públicamente al tema, por el peso específico de Oscar González dentro del poder político y las múltiples irregularidades que rodearían el caso, parece difícil que Hacemos por Córdoba siga esquivando las balas.
Por lo pronto, el peronismo consiguió en la Legislatura algo que no había logrado en otros casos resonantes: el acompañamiento de gran parte de la oposición para cerrar rápidamente la discusión, al menos en el ámbito legislativo.
Si bien es cierto que el proceso judicial que enfrenta González corre por otra vía, la complejidad del caso está dada por varios elementos que atraviesan al sistema político de Córdoba.
Como daño colateral, se conoció el uso de vehículos judicializados no sólo por parte del presidente provisorio (tenía asignado cuatro) sino también por legisladores peronistas y de la oposición, concretamente del radicalismo y el PRO. Todos, gestionados por el cacique peronista.
Y si bien desde el poder legislativo se cubren con la ley que efectivamente habilita esa práctica, el caso de González abrió otro debate que derivó en una causa judicial federal paralela. Mientras que la conducta de los legisladores poseedores de esos autos está siendo duramente interpelada por la opinión pública que habla de “privilegios”. Ellos son Dardo Iturria y Miguel Majul por el peronismo; los radicales Orlando Arduh y Juan Jure; y del PRO, Darío Capitani.
Lo cierto es que ayer el jefe de la bancada de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, convocó para el mediodía a una reunión del bloque. Allí se elaboró un borrador de declaración en el que los legisladores expresaban su pesar por la muerte de Alejandra Bengoa, su solidaridad con los amigos y familiares, y deseos de pronta recuperación para las dos menores de edad que permanecen internadas.
También se solicitó que la Justicia actúe con “independencia” para determinar responsabilidades. Con ese escueto texto, el oficialismo acudió a Labor Parlamentaria y, sin demasiado esfuerzo, logró que Juntos por el Cambio, Juntos UCR, e Identidad Peronista, suscribieran la nota.
Los ex Cambiemos justificaron el (¿llamativo?) acompañamiento a Hacemos por Córdoba señalando que el texto es similar al impulsado horas antes por Juntos UCR. Allí, en verdad, los parlamentarios iban un poquito más allá: solicitaban al Poder Judicial garantías para proceder con la mayor celeridad posible, “la absoluta independencia y la total transparencia en el proceso de investigación…”. Esto último, a colación de los dichos del abogado de las víctimas que asegura, con material que lo acredita, que las pruebas en el lugar del siniestro fueron alteradas.
En Labor, Encuentro Vecinal Córdoba, y las legisladoras del MST, FIT y Coalición Cívica ARI adelantaron que no acompañarían. Desde esos sectores reprocharon, entre otras cosas, que la declaración ni siquiera mencione a Oscar González y se refiera a él como “un legislador de este Cuerpo”.
Por su parte, desde el MST, Luciana Echevarría, presentó su propio proyecto de declaración donde, además, pide la creación de una comisión investigadora independiente. En tanto que desde la Izquierda exigieron directamente la renuncia del parlamentario mientras que el cuerpo legislativo aprobó el pedido de licencia por “cuestiones de salud” derivadas del accidente, por 15 días.
De esta manera, con la rápida aprobación de la licencia de González y de la declaración “de pesar”, oficialistas y gran parte de los opositores obturaron la discusión del tema en el recinto dando por cerrado el asunto, al menos por ahora.
Apenas si hubo alguna respuesta de Fortuna precisamente a los cuestionamientos por el uso de los autos judicializados. El presidente de la bancada expresó que es competencia del Tribunal Superior de la Justicia de Córdoba que es el que tiene en guarda esos vehículos y el que los entrega en función de las solicitudes que hicieron algunos legisladores.
En definitiva, el schiarettismo logró esquivar las críticas en un ámbito que suele ser lugar de fuertes cruces con la oposición. Por ahora, se desconoce si la tercera autoridad de la Provincia terminará renunciando, lo que queda claro es que González quedará marginado de la campaña política, una de las más desafiantes que enfrentará Hacemos por Córdoba el año que viene.
