Atentos, no preocupados. Así dicen estar en el Centro Cívico frente a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con el levantamiento de la Bonaerense.
En el Gobierno, repiten que en Córdoba los uniformados están trabajando con normalidad y que no hay indicios de que la protesta que ayer se trasladó a Olivos, tenga su versión local.
Sin embargo, de manera preventiva y disuasoria, justamente en momentos de suma tensión en la provincia que administra Axel Kicillof, Córdoba anunciaba una suba para las horas adicionales que cumplen sus uniformados. Será del 35 % y comenzará a regir desde el mes que viene.
Por otro lado, anoche, la Provincia anunciaba que los agentes de seguridad también recibirán un adicional de $ 5.000 igual que los agentes de la salud afectados al servicio sanitario frente a la pandemia. “Así como los trabajadores de la salud, en el marco de la pandemia de coronavirus están recibiendo del gobierno nacional un adicional de $ 5.000 mensuales por cuatro meses, la Provincia hará lo propio con los agentes de seguridad que están involucrados en la misma”, informó el gobierno. Ese plus, se extenderá como adicional por el mismo monto a los meses de septiembre, octubre y noviembre, liquidándose con los sueldos.
Aunque son varios los factores que el gobierno de Juan Schiaretti enumera a la hora de justificar por qué el escenario actual dista mucho de aquel que gestó la revuelta azul el 3 y 4 de diciembre de 2013, el fantasma de la insubordinación y su impacto en la sociedad cordobesa, sigue latente. Si algo aprendieron los funcionarios de aquella fatídica experiencia, dicen, es a no subestimar los síntomas de malestar.
Por eso, aunque por lo alto digan que la situación está bajo control y la estrategia política sea referirse lo mínimo e indispensable a lo que sucede en provincia de Buenos Aires, hacia adentro, se activaron mecanismos de alerta para identificar de manera anticipada, cualquier principio de protesta.
"Córdoba tiene una escala salarial que está compasada al resto de la administración pública provincial. El salario inicial de un personal policial con cuatro años de antigüedad en la fuerza que reviste el rango de agente está en el orden de los $ 55.800 de bolsillo sin contar adicionales", dijo el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, en diálogo con Canal 12, para señalar que los policías de Córdoba cobran mejor que sus pares bonaerenses.
En tanto, ayer por la tarde, el gobernador Juan Schiaretti se sumó a la ola de repudios que provocó en todo el arco político nacional, la presencia de policías sublevados en las afuera de la Quinta de Olivos.
“Estamosviviendo en Democracia y es inadmisible que fuerzas de seguridad estén rodeando la residencia del presidente de la Nación Alberto Fernández con el fin de ejercer presión. Estas acciones socavan la institucionalidad del país” se manifestó por Twitter.
Viejas rencillas
El presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, fue el único del schiarettismo que hizo consideraciones políticas sobre lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Cargó contra el hoy ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y recordó fue uno de los que le negó ayuda a Córdoba allá por el 2013.
"Es una paradoja que sea Berni quien hoy esté sufriendo esta crisis policial. Fue él quien le negó ayuda a Córdoba en el acuartelamiento de diciembre de 2013", dijo González en diálogo con radio Pulxo tras recordar uno de los momentos de mayor tirantez política entre Córdoba y el gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.
"Intentamos desesperadamente hablar con las autoridades nacionales y no nos atendieron", señaló quien por entonces ocupaba el ministerio de Gobierno y que supo acusar sin rodeos al kirchnerismo de aprovechar políticamente esa situación.
Apoyo del albertismo cordobés
En representación del albertismo cordobés, los legisladores que respondenal senador Carlos Caserio sentaron posición ayer y emitieron un comunicado de pleno respaldo al presidente.
“Los legisladores y legisladoras que compartimos el proyecto de país que propone Alberto Fernández repudiamos y expresamos nuestra profunda preocupación ante la actitud asumida por algunos representantes de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, quienes con absoluta irresponsabilidad han rodeados armados y con patrulleros la Quinta de Olivos”, dice el texto que firman, entre otros, los legisladores Mariana Caserio, Franco Miranda, Carlos Presas y Rodrigo Rufeil.