Choferes (presuntamente) autoconvocados de Ersa y Aucor se concentraron ayer por la madrugada en diferentes puntas de línea y paralizaron el servicio en los 7 corredores que gerencian esas prestadoras. En el curso de la tarde, Uta Córdoba decidió plegarse a un paro por tiempo indeterminado decretado desde Uta Nacional para todo el interior del país. El reclamo de los manifestantes es por deficiencias en las liquidaciones de haberes de abril y mayo, y en contra de que el aguinaldo sea pagado en cuotas. Sin embargo, la interna de la Uta tiene un rol central en la protesta.
El reclamo no fue iniciado por la conducción, que había fijado como fecha límite para ir al paro el próximo viernes, sino por choferes que descreen ella y que acusan serios problemas de comunicación. Según apuntan conocedores de la interna, el problema es que muchos de los delegados de Ersa ya no quieren “poner la cara”, fungir de intermediadores entre la conducción y las bases, porque en más de una ocasión han transmitido cronogramas de pago y compromisos sellados con la patronal que luego no fueron cumplidos, quedando expuestos a las recriminaciones de sus representados sin respuestas para ofrecer.
Al mismo tiempo crecen los cuestionamientos a la secretaria general Carla Esteban. Buena parte de los choferes no se siente representada por Esteban y entiende que llegó a la titularidad del sindicato por decisión de la Uta nacional y no por ser una figura que coseche avales y genere consenso puertas adentro de la regional cordobesa.
El paro y, más aún, la escalada en la conflictividad con la Uta llega en un momento especial para el Palacio 6 de Julio, que en estos momentos debe centrar su atención en los diversos frentes abiertos con el Suoem por la reducción de jornadas (y salarios), la limitación de prolongaciones de jornada y horas extra, la baja de chapas de inspectoría, la no renovación de 117 contratos y un largo etcétera.
La estrategia del Ejecutivo en este conflicto no difiere en gran medida de la utilizada por el Centro Cívico con Luz y Fuerza. La intención es dilatar los tiempos y dejar que el sindicato se desgaste, a la vez que las internas entre las diferentes reparticiones van mellando el poder de la conducción y desentendiendo a las bases de la protesta.
El problema es que la implementación de esta táctica demanda lograr el mayor consenso posible con el resto de los sindicatos. Así, el Ejecutivo puede presentar al sindicato municipal cómo el único que no se ha avenido a hacer algunas concesiones en virtud de una situación de emergencia que demanda el esfuerzo de todos los sectores. Esta línea discursiva es eficiente siempre y cuando pueda mostrarse que el resto de los gremios han sido flexibles logrando acordar con la Administración.
Este último es uno de los elementos que hace importante un acuerdo con la Uta, pero no es el único. La situación del transporte es sumamente compleja no solo en Córdoba, sino en estos tiempos. La pandemia ha echado por tierra el corte de boleto y los protocolos bajos los cuales ha vuelto el servicio no le permitirán recuperarlo a sus niveles otrora habituales. Deben esperarse tiempos difíciles con la Uta.
Tanto la Provincia como el Municipio ven en Esteban un interlocutor razonable, con el que se puede acordar. Y juzgan importante conservarla. La secretaría general cuenta con el pleno respaldo de Jorge Kiener, secretario del interior de la Uta Nacional, y del propio Roberto Fernández, titular de la federación. El problema a conjurar está en que la secretaria general ungida por Uta Nacional no termina de generar consensos entre las bases, y para hacerlo deberá mostrar algún éxito a sus representados. Éxito que, en estos tiempos, no implica sumar nuevas conquistas, sino perder las menos posibles.
Es de esperarse, entonces, que desde el Municipio se haga un esfuerzo especial por conjurar lo antes posible el conflicto con la Uta, no solo para evitar el paro -que en la nueva fase a la que ha entrado Córdoba generará un malestar mucho mayor entre los usuarios que el extenso paro abril/mayo-, sino también para evitar una superposición de conflictos que ensanche el frente gremial abierto con el sindicato municipal.