El asesinato policial del adolescente Valentín Blas Correas sacudió al gobierno de Juan Schiaretti y la marcha de hoy para pedir justicia, convocada por la familia, podría ser un punto de inflexión en El Panal. Todas las miradas están puestas en la expresión de la calle y del sector de la sociedad civil que es público-meta del discurso político del oficialismo cordobés.
A diferencia de otras víctimas de la Policía, como Güere Pellico, un pibe pobre del barrio Los Cortaderos, el crimen de Blas conmovió a una clase con gran capacidad de visibilización y de ocupación de las redes sociales, uno de los grandes temores de cualquier gobierno. Anoche, se lanzó el hashtag de Twitter #PodríaHaberSidoYo para profundizar el reclamo de Justicia por el estudiante secundario.
Hoy la movilización partirá de Colón y General Paz a las 18,30 horas. Será “en silencio, pacífica, con distanciamiento y barbijo” y “sin banderas políticas, partidarias ni sectoriales”, según pidió el hermano de la víctima en un video difundido ayer.
El shock político que provocó en el gobierno el crimen del estudiante secundario de 17 años, que no proviene de sectores habituales víctimas de la violencia policial, transciende la esfera de la Policía y de Seguridad. Por ahora, solo se cortaron cabezas de los jefes zonales, pero sin tocar al número uno de la Jefatura ni al ministro del área, Alfonso Mosquera. Pero nadie descarta nada.
En el gobierno provincial muchos creen que el crimen de Blas obligará a apurar el relanzamiento previsto e inevitable (en todos los niveles del estado) para cuando pase la pandemia del COVID-19 y se instale la nueva normalidad, como quiera que esta sea.
A diferencia de las gestiones nacionales y de la ciudad de Córdoba, el provincial es un gobierno con veinte años de antigüedad y tiene en contra el cansancio de la gente y en cierta medida, la dificultad para generar nuevas expectativas. Todo, superpuesto con el hartazgo por la (necesaria) cuarentena cuando, según los especialistas, falta ver lo peor de la pandemia. En ese escenario, un Schiaretti al que la clase media ve ladeado hacia el malquerido gobierno del presidente Alberto Fernández.
Fiel a su estilo, el gobernador no mencionó palabra en público sobre el homicidio que investiga el fiscal José Mana, al menos al cierre de esta nota. Y en las redes sociales crece el reclamo para que la máxima autoridad de la Provincia se manifieste.
El hilo discursivo de Hacemos por Córdoba incluye conceptos como república, seguridad, consensos, derechos humanos y libertad, que quedaron bastante maltratados en la madrugada del 6 de agosto. Otra oposición, menos dedicada a ligar a Schiaretti con el kirchnerismo o menos seducida por los medios de prensa porteños, hubiera entendido el golpe.
El mandatario siguió con la agenda vinculada a inauguraciones de obra de gas en ciudades del interior de la provincia, siguiendo el avance de la causa judicial. Ayer, el fiscal imputó a dos policías mujeres, una de las cuales está acusada de haber “plantado” un arma en el vehículo donde iba Blas con sus amigos cuando le dispararon, supuestamente para fraguar un enfrentamiento, lo que fortifica la tesis del encubrimiento policial. Algo bastante habitual en casos de gatillo fácil. De esta manera, ya son cuatro los uniformados imputados, de los cuales tres están presos. Sin embargo, el pedido de la familia de que “no vuelva a suceder”, posiblemente implique otro tipo de acciones, más allá de las judiciales, como cambios en la formación y reclutamiento de las fuerzas de seguridad.
Un legislador que llega a despachos centrales lo expresó así: “En el medio de la pandemia se da la paradoja de que crece la inseguridad y la gente reclama que la Policía haga algo más, pero quien tiene que cuidarte te mata, arma una causa a la víctima e inventa persecuciones. Y quien tiene que curarte, como la clínica Aconcagua, no quiere atenderte. Y en medio unos jóvenes de clase media salieron a disfrutar de su último año del secundario, que la pandemia ni siquiera los deja cursar con sus amigos. Todo mal.