Juan Schiaretti encabezó, junto al intendente capitalino Martín Llaryora, la presentación de un ambicioso proyecto de urbanización de diez asentamientos estables sin infraestructura de la ciudad de Córdoba, en un acto donde también tuvieron protagonismo la diputada y conductora del PJ Capital, Alejandra Vigo, en su condición de coordinadora del gabinete social, y la ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure.
Mas allá de la importancia del lanzamiento, el acto realizado en el Centro Cívico reforzó la idea de la alianza política entre Llaryora y el jefe de Hacemos por Córdoba, de cara al recambio provincial de 2023, y dejó en evidencia la apuesta del gobernador para el desafío electoral de las legislativas nacionales. Vigo, con traje de candidata al Senado de la Nación, y Jure, que seguramente ocupará un lugar expectable en las listas de diputados nacionales por el oficialismo cordobés, fueron dos enfáticas defensoras del proyecto con anclaje territorial lanzado ayer en el Centro Cívico. Es más, en plan de hipótesis, cerca del intendente apuestan a la fórmula Llaroyra-Jure para 2023. Estuvo también Carlos Massei, ministro de Desarrollo Social de la provincia, pero con perfil más bajo.
El acto fue también un cierre de filas de Hacemos por Córdoba frente a las críticas recibidas en los últimos días desde la Nación y la oposición provincial por el endeudamiento en dólares de la provincia y la refinanciación de 1.600 millones de dólares a tasas superiores al 6%, críticas que impactan fuerte en un oficialismo con veinte años de antigüedad y expectativa de sostenerse. Schiaretti defendió el “exitoso modelo de gestión cordobés” que, según dijo, combina “voluntad de progreso de cada una de las familias, con un gobierno provincial que quiere en serio el progreso con justicia social y un intendente que trabaja para Córdoba”.
El mandatario no escatimó gestos para con Llaryora. “Estoy contento porque ahora tenemos un intendente que piensa, siente y quiere lo mismo que nosotros. Por primera vez en la historia viene un intendente de la ciudad que dice: ´yo quiero mejorar mis barrios´, y paga una parte de lo que se va a hacer de inversión en Córdoba, esto es lo que ha hecho Martín Llaryora con este programa”, dijo, y aclaró que la modalidad está abierta a otros jefes comunales, que suelen criticar por lo bajo que el grueso de los recursos provinciales es destinado a la Capital.
Antes, el titular del Palacio 6 de Julio había agradecido a Vigo y a los diputados del schiarettismo por “defender los recursos para Córdoba en el Presupuesto” nacional y se había detenido en la crítica a la “herencia” de la gestión municipal del radical Ramon Mestre, a la que acusó “de abandonar a los vecinos, y no sólo a la infraestructura”. “No lo podríamos hacer solos, necesitamos del apoyo de la Provincia”, resaltó.
La plata
Lo anunciado ayer fue el Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares, que busca promover el acceso a los servicios, el saneamiento ambiental y el fortalecimiento comunitario en las siguientes barriadas: Monja Sierra, Atalaya, 28 de Noviembre, El Tropezón (segunda etapa), Villa Unión, Villa Martínez, Nueva Esperanza, 12 de Julio, Bajada San José-Villa Parque y Los Artesanos. Los asentamientos están ubicados en las seccionales Quinta, Décima, Doce y Catorce de la ciudad de Córdoba, todas con fuerte trabajo territorial del viguismo. Según se informó, las familias beneficiadas con las mejoras son unas cuatro mil.
Schiaretti precisó que la inversión será de 2.200 millones de pesos. La Provincia pondrá el 70% y el 30% el municipio, que ya tenía las obras en el Presupuesto 2021. Desde el Panal indicaron que del monto total, la administración provincial pondrá 1.250 millones con fondos propios, 700 millones provendrán de un crédito del Banco Mundial, y unos 250 millones “se están gestionando con la Nación”. “Si no salen, los va a absorber la Provincia”, remarcaron.
Sin embargo, organizaciones y partidos kirchneristas aseguraron, mediante un comunicado, que la Provincia “oculta” el financiamiento nacional que proviene del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, quien en su reciente visita a Córdoba “reconoce que se han transferido a Córdoba 20.270 millones de pesos distribuidos en diferentes programas” de hábitat. En cualquier caso, la Nación no fue mencionada en los discursos de los funcionarios.
El plan contempla la ejecución de obras de redes viales, de agua potable, eléctricas y cloacas. Además, el programa incluye la regularización e inscripción de los lotes, con el objetivo de que “todos paguen los impuestos”, remarcó el gobernador, en un guiño a la clase media, habitual reclamadora contra los supuestos beneficios que reciben los sectores pobres por parte del Estado. La idea, coincidieron los funcionarios, es que las villas de emergencia y las barriadas precarias se conviertan en barrios y se integren con ese estatus a la traza urbana.
Vigo mencionó la importancia de la intervención in situ, “donde los ciudadanos viven”, a diferencia de otras “experiencias anteriores” como sería la relocalización de villas de emergencia que se hicieron durante los gobiernos de José Manuel de la Sota (los barrios ciudades) y también de Ramón Mestre padre. Un dato político no menor es la participación del Movimiento Evita en el Programa, como organización social y de la economía popular integrante de la Ctep vinculada al viguismo. La organización logró fuerte presencia e influencia en el ministerio que conduce Jure y también en la estructura municipal.