La emergencia municipal fue sancionada el viernes de la semana pasada y hoy empieza la resistencia del Suoem, que en una reunión de delegados definirá (o buscará definir) el curso de acción a seguir para pararse frente a una ordenanza que mune al intendente de amplias facultades para negociar con el sindicato, y que incluso lo faculta a destinar a la toma de becarios y pasantes una porción igual al 15 por ciento de lo destinado a sueldos en el último ejercicio.
La inmediatez de la reacción del Suoem es directamente proporcional a la adversidad de su situación, frente a una gestión municipal que cuenta con un amplio respaldo del Centro Cívico y con los poderes de excepción que le otorga la emergencia.
Esta situación de preeminencia del Ejecutivo sobre el sindicato está dada, vale aclararlo, por algunas ventajas que éste mismo se ha deparado, pero también por otras que le han sido legadas por la gestión saliente: la principal de ellas, la disociación que existe en el gremio entre el poder formal, en cabeza de Beatriz Biolatto, y el poder real, -presuntamente- aún en cabeza de Rubén Daniele.
Pero a esta situación puntual del Suoem debe sumarse la de los otros gremios que tensionan con el Palacio 6 de Julio. La del Surrbac, con sus dos patriarcas encarcelados, su mutual intervenida, y a un tris de asistir a su propia intervención. Y la de Uta, que aún normalizada y con Carla Esteban como secretaria general, atraviesa una delicada situación derivada de la feroz interna desatada entre Roberto Fernández, su líder nacional, y Hugo Moyano, que auspicia una línea interna dentro del sindicato.
Para completar el panorama, además de atender a un frente gremial municipal en jaque debe también observarse la debilidad del sindicato municipal en cuanto a su encuadramiento en sistemas gremiales mayores.
El Suoem estuvo anclado, en los últimos tiempos, en la CGT Rodríguez Peña, liderada por Mauricio Saillen y por Gabriel Suárez. El primero, detenido; el segundo, imputado; la central, completamente descoordinada. Estas son las ventajas “heredadas”. Algunas de la gestión mestrista, vale reconocerlo, otras de circunstancias -si se quiere- azarosas. Pero las fortalezas que el propio peronismo se ha deparado a sí mismo no son menores.
Llaryora asumió el 10 de diciembre, el 11de diciembre todas las Secretarías recibieron instrucciones para realizar un “arqueo” de personal y elaborar un informe que detallara la cantidad de empleados de la que dispone cada área y las condiciones de contratación de cada uno: planta permanente, contratados, monotributistas. Esos informes fueron remitidos la semana pasada a Verónica Bruera, a cargo de la Secretaría General del municipio. A la brevedad el PJ tendrá un mapeo bastante preciso del personal que presta servicios a la ciudad.
El último viernes el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza de emergencia, que concede al intendente múltiples facultades extraordinarias de diferente naturaleza. Varias de ellas están destinadas a fabricar una situación de preeminencia del Ejecutivo sobre el sindicato municipal para entablar la negociación paritaria y para administrar la estructura de personal.
En lo que hace a este último grupo de facultades están: la posibilidad de incluir conceptos no remunerativos en la negociación paritaria, la implementación de un régimen de pasividad anticipada y la capacidad de destinar un monto equivalente al 15 por ciento de la partida salarial dispuesta para el último ejercicio a la contratación de pasantes y becarios.
La primera de ellas anuncia -o parece anunciar- el fin de la cláusula gatillo como método de reajuste inflacionario automático para los haberes de los empleados municipales.
El régimen de pasividad anticipada pone de manifiesto las intenciones del peronismo de llevar adelante una reducción de los planteles municipales. Nota al pie: 20 años atrás Germán Kammerath implementó una pasividad anticipada luego malversada por Luis Juez, que durante su paso por el Palacio 6 de Julio (2003-2007) incrementó exponencialmente la planta municipal.
La facultad de destinar una porción del presupuesto a la contratación de becarios y pasantes deja en claro que el peronismo buscará suplir estas bajas con un régimen de contratación más flexible y menos oneroso para la ciudad. Seguramente estos puestos sean completados con vecinos de extracción justicialista.
Finalmente, y en cuanto al costo político que un conflicto con el Suoem pudiera deparar a la actual gestión, la oportunidad parece inmejorable. En primer lugar, porque el sindicato municipal está descoordinado y más lo estará en las próximas semanas, cuando entre en vigencia el receso administrativo decretado desde el 6 hasta el 31 de enero, período en el cual se mantendrán guardias mínimas. Y en segundo lugar porque la crisis económica que ha llevado al gobierno nacional a ajustar a sectores sociales tan postergados como los jubilados no da lugar a reclamos salariales de empleados que, como los municipales, gozan de los mejores salarios de la administración pública.
Todo lo expresado no implica que deba esperarse un conflicto virulento con los empleados municipales. Y menos aún que el Ejecutivo municipal lo pretenda. Todo lo contrario. La nueva gestión ha construido una posición de predominancia, justamente, para poder llevar adelante las reformas que considera necesarias sin llegar a un conflicto, pero poniendo al Suoem sobre aviso de que no ha venido a inclinarse ante sus demandas. “Si vis pacem, para bellum” (si quieres paz, prepárate para la guerra), reza la máxima latina de la que el novel intendente parece haber tomado nota.