El oficialismo, que había anunciado el miércoles sus intenciones de avanzar en una reducción a la jornada y los salarios de los empleados municipales, presentó ayer el proyecto con el que buscará materializar estos cambios, y hubo sorpresas.
Dentro de la iniciativa, los artículos 3ro y 4to apuntan a modificar la Ordenanza de Remuneraciones, que en su segundo capítulo fija una jornada laboral ordinaria de 7 horas diarias (35 semanales) -que se vería reducida, de aprobarse el proyecto, a 6 (30 semanales)- y jornadas especialesde mayor carga horaria para cargos específicos –que disminuirían a 7 horas diarias (35 semanales) con la sanción del proyecto-.
Desde luego, todas estas reducciones en la carga horaria conllevarán una disminución en los salarios básicos y en todos los conceptos adicionales que se calculan en base a este.
Hasta aquí lo conocido. Pero más allá de estos artículos, que no hacen más que llevar al digesto lo que ya estaba en la prensa, el proyecto cuenta con una nueva disposición de la que recién se tuvo noticia ayer: en su artículo 12vo dispone la modificación de la Ordenanza de Emergencia, sancionada meses atrás, para ampliar una de las facultades extraordinarias conferidas entonces por el Concejo Deliberante al intendente permitiéndole “realizar la reestructuración del personal de planta permanente y no permanente, tomando las medidas pertinentes a los fines de racionalizar las estructuras, suprimiendo o congelando cargos conforme a las necesidades de servicio (…)limitar los interinatos vigentes, y a establecer las condiciones y requisitos a los fines de instrumentar la convocatoria para la cobertura de los cargos.”
Aunque resulta difícil establecer en abstracto el alcance de esta disposición, su redacción parece conceder a Martín Llaryora la capacidad de redefinir las estructuras orgánicas de cada rincón del Palacio 6 de Julio y romper el blindaje que el Estatuto del Personal Municipal construyó alrededor de los “mandos medios” de cada repartición. Es decir, Llaryora podría suprimir cargos tales como Jefaturas de Despacho, Jefaturas de Departamento, Jefaturas de División y Jefaturas de Sección -entre muchos otros- que actualmente ocupan empleados de planta que responden directamente al sindicato, y podría también echar por tierra los “interinatos”, actualmente ocupados por empleados designados provisoriamente en cargos escalafonarios por la anterior gestión.
En pocas palabras, este artículo conferirá a Llaryora las facultades necesarias para terminar de tomar -en los hechos- el control del Palacio 6 de Julio. Y la capital importancia de esto radica en más de un factor.
En primer lugar, los organigramas que actualmente imperan en cada repartición del municipio son irrisorios. Hay Centros de Participación Comunal en los que se cuentan más empleados jerarquizados como jefes o supervisores que subalternos a su mando. Un verdadero contrasentido.
Estas orgánicas, la mayoría de las veces diseñadas por el propio sindicato, incrementan formidablemente la carga salarial que el municipio tiene que arrastrar mes a mes. Pero este no es el único problema.
Acomodados en puestos de mando y supervisión, estos veedores del sindicato confieren un fenomenal poder al Suoem, que mantiene intervenidas todas las terminales del municipio. En raptos de sinceridad, los propios funcionarios confiesan que en la Municipalidad no se mueve un expediente si el sindicato así no lo quiere.
Ahora bien, si su capacidad de entorpecer la gestión y la tremenda carga salarial que generan no fueran causa suficiente para buscar su desplazamiento, debe agregarse algo: estas estructuras orgánicas anquilosadas significan también una inagotable cantera de información sensible de las cuentas municipales que el sindicato tiene cooptada y que utiliza (extorsivamente) contra el Ejecutivo en cada negociación.
El artículo 12 del proyecto constituye, probablemente, una piedra angular sobre la cual la actual gestión puede apalancarse para recuperar el poder del Estado Municipal de manos de su usurpador, el Suoem.
Reacción
La reacción de los municipales oscila entre el enojo y desconcierto. El enojo no necesita explicación. El desconcierto surge de haberse encontrado de la noche a la mañana con una iniciativa que promete desintegrar gran parte de su poder en circunstancias largamente desfavorables para resistir el embate. (Cuarentena).
En la tarde de ayer, el Suoem-que no acostumbra a buscar el respaldo de otros espacios gremiales-repartía llamados clamando por la solidaridad del arco sindical. Al cierre de esta edición, estas gestiones no encontraban demasiada respuesta.
El único reflejo del sindicato fue convocar a una concentración en las puertas del Concejo Deliberante. Si la intención era boicotear la sesión, malas noticias: el cuerpo sesionara de manera virtual. El gremio concentrará frente a un recinto vacío.
Oposición
Avezados contadores de votos trazaban ayer proyecciones de cómo votaría la oposición. Muchos descontaban que Rodrigo de Loredo y Esteban de Bría acompañarán la iniciativa. Suena razonable. De Loredo es, después del propio intendente, el dirigente con más proyección en la Capital. Situarse en contra del proyecto es pararse del lado equivocado de la ecuación. El Suoem es, probablemente, el sindicato más reprobado por la opinión pública. Defender su poder de fuego es defender al poder de fuego que continuamente fustiga a los cordobeses.
Al resto del arco opositor le caben, en rigor, idénticas consideraciones. Es seguro que el oficialismo no necesita del resto de las bancadas. Pero quienes tengan pretensiones de representar al electorado en su conjunto no necesitarán meditar demasiado para descubrir que votar en contra del proyecto es votar en contra de sus propias pretensiones políticas.
La oposición, que llevó las riendas del municipio durante las últimas décadas, ha sido testigo y víctima (cuando no cómplice) del fenomenal empoderamiento del Suoem. Hoy se verá si busca ante el electorado alguna clase de redención, o si aquejada por una suerte de complejo de Estocolmo vota por su hostigador.