Ayer domingo en el habitual reporte matutino sobre la situación del coronavirus en el país que ofrece la secretaria nacional de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se informó que el presidente Alberto Fernández firmará hoy el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que extiende por novena vez la cuarentena nacional. Sin embargo, anoche a última hora ya se conocía el contenido del documento.
Vizzotti anunció que desde hoy y durante los próximos 15 días quedarán suspendidas las reuniones sociales en todo el país debido al aumento de los contagios y de la tasa de mortalidad.
Como lo dicho fue sólo eso, un enunciado muy general, inmediatamente en Córdoba como en el resto de las provincias hubo inquietud respecto al alcance de la nueva disposición.
Al gobierno de Juan Schiaretti lo tomó por sorpresa ya que la medida no fue conversada previamente con los jefes provinciales, generando algo similar a la ocurrido en abril pasado cuando, en plena cuarentena estricta, la Nación decidió unilateralmente permitir las salidas recreativas. En aquel momento, esa situación provocó una inédita coincidencia política entre Schiaretti, Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe) quienes firmaron un comunicado aclarando que no implementarían tal concesión en sus respectivas jurisdicciones.
Respecto a las prohibiciones de las reuniones sociales, hasta anoche, las fuentes provinciales consultadas por Alfil seguían sin poder precisar si la medida incluiría, por ejemplo, a las reuniones familiares; las únicas que están habilitadas en Córdoba y sólo los días domingo. Tampoco se pudo apuntar cómo impactará eso en los bares y restaurantes que, desde hace algunas semanas, pudieron abrir sus puertas bajo estricto protocolo.
Desde El Panal eligieron la cautela y ante las reiteradas consultas periodísticas informaron que esperarán conocer en detalle el DNU para luego hablar públicamente.
Sin embargo, al cierre de esta edición, la oficina de prensa del gobierno nacional envió el DNU que, en su artículo 9, inciso 2, establece: “Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación”.
Tras recibir esa información, este medio consultó nuevamente a las autoridades del COE y la Provincia quienes reiteraron que hoy se brindarán los detalles sobre cómo seguirá Córdoba.
Lo cierto es que, por lo bajo, hay quienes admiten que la mención a Córdoba que hizo el presidente Fernández durante la conferencia del viernes pasado no cayó nada bien en el Centro Cívico.
Con filmina mediante, el Jefe de Estado buscó justificar ese día la prolongación de la cuarentena demostrando cómo en las provincias donde se pasó de la etapa del aislamiento a la del distanciamiento social y obligatorio, los casos de COVID-19 se dispararon. En ese lote se ubicó a Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Sólo el radical Rodolfo Suárez, gobernador de ese último distrito, refutó públicamente los datos expuestos por el referente del Frente de Todos.
Schiaretti, en cambio, optó por el silencio cuidando de no generar ningún tipo de ruido con el gobierno de Fernández con el que, en este momento, se encuentra en línea política e institucional.
"El riesgo aumenta en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas, como donde no está autorizado y se realizan igual", dijo ayer Vizzotti y explicó que en esas circunstancias suelen distenderse los cuidados, como el uso de tapabocas, el lavado de manos, mantener los ambientes ventilados o los 2 metros de distancia.