“Todos tenemos que respetar la ley, sino terminamos como en la selva. La usurpación de terrenos significa delito”, había sentenciado de manera contundente el gobernador Juan Schiaretti allá por diciembre de 2010 frente el conflicto por la toma de tierras en Parque Indoamericano,ciudad de Buenos Aires.
Hoy, la polémica por las usurpaciones en todo el país, que tuvo su capítulo más visible en Buenos Aires y Río Negro, también está instalada en Córdoba.
Y aunque desde la Provincia -por ahora- evitan pronunciarse públicamente porque consideran que el tema está “sobrevalorado” en la agenda mediática, observa atenta la evolución de los acontecimientos. En las últimas semanas, hubo quejas y denuncias ante la Justicia por ocupaciones ilegales en distintos puntos del interior y también en la Capital cordobesa, y cada vez se escuchan a más actores pedirle al poder político provincial que intervenga para frenar las irregularidades y evitar situaciones de tensión.
Ante la consulta de este medio a distintas reparticiones provinciales, desde el gobierno de Córdoba respondieron que no se está actuando sobre ningún caso puntual porque no existe ninguna “toma fehaciente” y que, en todo caso, donde hubo denuncias “está investigando la Justicia”. Oficialmente aclararon además que existen programas sociales y planes de hábitat que se siguen implementando, pero no el marco de las tomas.
Las autoridades provinciales no perciben por ahora el mismo clima de tensión que sí describen y advierten, por ejemplo, los vecinos de Cuesta Blanca, ni tampoco creen que la situación actual de Córdoba cuente con las condiciones sociales y políticas para derivar en un “Guernica II”.
En el Panal observan de modo preventivo los casos “aislados”, dicen, y la estrategia política es no referirse públicamente al asunto, aunque internamente el tema comienza a inquietar.
Solo el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, se limitó ayer a responder una consulta de Radio Mitre: “Con la cantidad de terrenos públicos y privados, la policía está para resguardar la vida, los bienes y la tranquilidad social. No podemos poner un móvil o agentes policiales en cada terreno pero una vez que tomamos conocimiento, inmediatamente, acudimos al lugar, procuramos las identificaciones y solicitamos las instrucciones a los fiscales”.
Los casos
La realidad de las tomas ilegales en Córdoba arroja fotos distintas en cuanto al perfil de los usurpadores y los motivos para cometer el delito. Lo que sucede en algunos puntos de la ciudad Capital no es igual a lo que está pasando en Cuesta Blanca, Los Reartes, Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.
Soledad García, legisladora del FIT y dirigente del Polo Obrero, dijo que su agrupación interviene en las ocupaciones de barrio Ampliación Cabildo (en dos sectores) y Estación Ferreyra de la ciudad de Córdoba. “El problema de fondo es el déficit habitacional y la crisis. Nosotros acompañamos a estas familias donde hay muchas mujeres solas con hijos, empleados de fábricas, para que puedan acceder a su casa en terrenos que son ociosos. Si no es posible en esos lugares, pedimos que se avance en otros. Armamos una mesa de negociación con el ministerio de Desarrollo Social y la Justicia y esperamos avanzar”, dijo en diálogo con Alfil.
Distinto es el cuadro que describe Roberto Medina, vecino damnificado por las ocupaciones en Cuesta Blanca. “Acá se armaron inmobiliarias fantasmas que ocupan terrenos de alto valor económico, que están en el pueblo y que cuentan con todos los servicios públicos. Esta gente los alambra, les coloca un cartel que dice “propiedad privada” y los ofrece por un valor que van entre los 10 y 35 mil dólares, estamos hablando de terrenos de entre 2.900 y 4000 mil metros”.
El hombre que forma parte del grupo de 150 vecinos que denunció formalmente ante la Justicia la toma ilegal de manzanas enteras, relató que recién después de que el tema tomara estado público lograron que la jefa comunal, Andrea Jordán, notificara a la policía para que verificara tal irregularidad. Además, indicó que esperan saber qué fiscalía se hará cargo del tema para tener novedades ya que la comuna no puede ordenar el desalojo.
“Yo le pido a la Provincia que se haga cargo, que intervenga, de alguna manera. Ellos tienen que velar por la vida de las personas y también salvaguardar los bienes. Los usurpadores dicen que las tomas son pacíficas pero andan con palos y amenazas. Esto no va a terminar bien, y necesitamos que las autoridades lleguen antes y no tarde”, agregó el Medina.