¿Qué tan lejos estamos de los autos eléctricos en Argentina?

(Por Gabriel Bornoroni, presidente de FECAC) Hace pocas semanas, el gobierno nacional oficializó el Plan Nacional de Transporte Sostenible, con objetivos concretos para avanzar en los 

Y si bien en Argentina este tipo de acciones son necesarias para acercarse a un futuro más sustentable, inteligente y resiliente, todavía resta muchísimo tiempo para que la electromovilidad sea una realidad cotidiana en el país. No es un hecho que se dará en un abrir y cerrar de ojos.  

¿Por qué? Lo primero que debemos mencionar es que no contamos con un marco normativo ni los incentivos correspondientes para fomentar ese proceso. El proyecto de Ley de Promoción a la Movilidad Sustentable, impulsado por el Poder Ejecutivo, fue presentado públicamente en octubre 2021 y en la Cámara de Diputados de la Nación en febrero 2022, durante el período de sesiones extraordinarias, pero desde aquel entonces generó más preocupaciones e incertidumbres que garantías, ya que desde varios sectores vinculados a la energía quedaron fuera de la iniciativa. 

Tal es así que en el texto original no contempló siquiera a las Estaciones de Servicio, que hoy ocupan un rol crucial en la recarga de combustibles, sumado a que tampoco prevé cómo será la comercialización de la energía para aquellos usuarios que no puedan instalar un surtidor eléctrico en sus casas. Y, en consecuencia, no nos quedó claro cómo será el servicio de carga ante una demanda de vehículos que seguramente crecerá en el largo plazo.  

Además, los objetivos de reducir la comercialización de vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional hacia el 2041 nos resulta inalcanzable en menos de veinte años, debido a que el 75% de nuestra matriz energética se basa en hidrocarburos, y por ende, andaríamos en vehículos eléctricos que se cargan con electricidad producida con combustible fósil. Es decir que prácticamente no tendría sentido hacer un cambio rotundo en la movilidad si no lo acompañamos de un proceso planificado de transición energética. 

A ello se agrega que hoy en día no tenemos una demanda elevada de vehículos eléctricos, en gran parte por su elevado costo frente a un automóvil tradicional y la falta de incentivos y beneficios económicos a nivel nacional para aquellos usuarios que deseen adquirir rodados más sustentables, como tampoco para la compra de cargadores rápidos que puedan abastecer la electromovilidad.  

De todos modos, poco a poco debemos virar hacia esas tecnologías para no quedar en el camino.  Pero creemos que la transición energética es un proceso que llevará muchos años en Argentina y que, aún se pueden dar grandes pasos hacia combustibles alternativos que generen menos emisiones de gases efecto invernadero que los combustibles líquidos tradicionales, como por ejemplo el gas natural o los biocombustibles.  

El impulso hacia el GNC, GNL o los biocombustibles nos permitirá recorrer un camino más sostenible acorde con la mitigación del cambio climático y ahorrar divisas destinadas a importación de barcos de gasoil y nafta, mientras avanzamos paulatinamente hacia la consolidación de un marco institucional y financiero para propiciar el acceso a vehículos eléctricos y fomentar su infraestructura de carga adecuada con las normas pertinentes.

Cuesta como un departamento, se vive como un departamento, pero no es un departamento: así es el lujoso motorhome (cordobés) que arranca de US$ 60.000

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Córdoba, un paso adelante en la industria textil: llega la Mimaki Tiger 600-1800 TS, la sublimadora más rápida del país (solo hay dos)

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Con la industria del juicio vivita y coleando, las ART le dan un ultimátum a la Justicia por los Cuerpos Médicos Forenses (solo Mendoza lo constituyó)

El panorama de los juicios laborales en Argentina es cada vez más alarmante. En octubre, el sistema judicial registró el inicio de 11.851 nuevas demandas por riesgos del trabajo, lo que representa un aumento del 14,3% con respecto al mismo mes del año anterior. En total, durante los primeros 10 meses de 2024 se contabilizaron 105.960 nuevos juicios, y las proyecciones indican que el número superará los 128.000 para fin de año. Esta creciente judicialización pone en jaque a las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), que aseguran a más de 10 millones de trabajadores en el país.