AGUSTIN SZAFRANKO
El dato de inflación de marzo reforzó las preocupaciones del equipo económico del Gobierno y desde la Secretaría de Comercio ya se impulsó una intensificación de la batería de medidas que apuntan a asegurar cierta estabilidad en los precios de ciertos productos como las carnes, las frutas y verduras y los electrónicos. Este paquete de disposiciones tienen como aditivo una intensificación de los controles que vigilen su cumplimiento, pero para los analistas no funcionará.
Por un lado la meta oficial de una inflación anual de 29% quedó prácticamente desbaratada con el 4,8% de marzo, dado que el primer trimestre ya acumuló un 13%.
Se requiere mensualmente una inflación promedio de 1,5% desde abril hasta fin de año, cifra que solamente se consiguió en dos de los últimos 40 meses: abril y mayo de 2020, los primeros dos meses alcanzados en su totalidad por la estricta cuarentena por el coronavirus que paralizó la actividad económica.
De hecho, el consenso de las consultoras apunta a que la meta ya quedará obsoleta en agosto, dado que si se cumple la mediana de los pronósticos volcados en el Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas (REM) del Banco Central para el octavo mes del año el índice de precios del Indec habrá aumentado más de 30%.
El grueso de los economistas coincide en que estas medidas no reducirán la inflación en los próximos meses de forma significativa y sostenible, a pesar de que pueda tener algún efecto leve en el cortísimo plazo. Pero la aplicación de estas resoluciones lejos están de ser inocuas, dado que el consenso es que postergarán la aceleración inflacionaria y acumularán distorsiones y desequilibrios en otras aristas de la economía.
Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, considera que las nuevas medidas no torcerán la dinámica de precios dado que son muy similares a las que se venían aplicando, aunque planteó que la postergación del ajuste tarifario y el menor ritmo de la depreciación del tipo de cambio (el llamado crawling peg) puede desacelerar levemente la inflación, pero lejos de hacerlo de manera significativa y sostenible.
"Lo que hace el Gobierno es administrar el ritmo inflacionario para que en el corto plazo baje un poquito a costo de incrementarlo mucho en el largo", explicó a El Cronista.
En ese sentido, Juan Paolicchi, de Empiria, sostiene que este paquete de medidas no hará más que acumular distorsiones, al no ser complemento de un plan macroeconómico que apunten a correciones fiscales, monetarias y cambiarias. "Guzmán dice que quiere bajar la inflación 5 puntos por año, puede ser algo lógico, pero no se toman las medidas que conduzcan a eso. No hay un plan delineado para bajar la inflación, el problema no es de micro, es macroeconómico", comentó.
Además, Paolicchi señaló que las 'anclas' a las que apuesta el equipo económico para contener la inflación son el atraso cambiario y de tarifas, que deterioran el nivel de reservas y el frente fiscal, respectivamente. Con un stock de reservas netas muy chiquito y la necesidad de mayor emisión monetaria ante la falta de financiamiento local, son anclas muy endebles", argumentó.
En tanto, Matías Rajnerman, de Ecolatina, coincide en el efecto limitado de las medidas y considera que pueden llegar a ayudar en el muy corto plazo, aunque advierte que como riesgo asociado está el peligro del desabastecimiento. "Se pueden ajustar precios o cantidades, pero no ambas variables en simultáneo", indicó.
El más reciente anuncio de medidas apunta a crear un registro de exportación de carne vacuna, además de fijar precios de referencia para las ventas al exterior al sector y sumar requisitos. En tanto, pretende sostener los precios de insumos industriales y de la construcción hasta fin de año.