Al calor del cronograma electoral, el Gobierno estudia por estas horas adelantar la convocatoria al Consejo del Salario para rever el acuerdo que posibilitó en abril subir el piso de ingresos de los trabajadores en un 35%, a través de un esquema de cuotas que, a medio del camino, fue adelantado para evitar una mayor depreciación del poder de compra en los sectores menos guarecidos contra la inflación.
Un mes atrás, el gabinete económico decidió anticipar el pago de las siete cuotas fijadas en abril para llevar el haber mínimo de $ 21.600 a $ 29.160, siendo el último número la cifra que esperaba alcanzar en febrero. A la espera de que la última cuota impacte en septiembre, el ministerio de Trabajo abrió el paraguas para llevar la instancia de revisión hacia adelante, y no esperar a los últimos días del noveno mes.
Con proyecciones privadas que ubican la inflación de julio por encima del 3% y una evolución de precios anualizada en torno al 51%, la pretensión oficial es que con el aumento adicional del piso salarial -que debe ser consensuado con organizaciones empresarias y entidades sindicales en el marco del Consejo del Salario- se eleven las remuneraciones de millones de trabajadores informales y fuera de convenio en torno a la pauta que los gremios con mayor fuerza están consiguiendo, y que gira en torno al 45%.
La cartera laboral que administra Claudio Moroni plantea comenzar las discusiones con los 32 integrantes de la mesa, entre los que se cuentan organizaciones empresarias y entidades sindicales, para eventualmente aprobar una suba de entre 7 y 10% a lo ya acordado en abril. De fracasar la instancia de negociación, recién allí podría aparecer un eventual decreto que fije aumentos en forma unilateral. Pero, de momento, se descarta.
El Gobierno tomó el compromiso a comienzos de año de favorecer una recomposición del poder adquisitivo de los salarios, y de dejarlos incluso por encima de la inflación, que originalmente fue proyectada en torno al 29%, aunque superará esa estimación y quedará más cerca del 50%. Para ello, intentó sin éxito hacer converger los reajustes de los márgenes empresarios y las paritarias en su pauta. Pero en junio, Alberto Fernández avaló con palabras y gestos las reaperturas de discusiones salariales en las actividades que se habían ajustado a la propuesta oficial.
Sin perder de vista la convocatoria a las urnas el próximo 12 de septiembre, la posibilidad de adelantar la convocatoria al Consejo del Salario va de la mano del incentivo oficial a los gremios para concretar mejoras salariales, sin por ello dejar de blandir una amonestación a los empresarios para que no suban los precios.
El lunes, desde la residencia de Olivos y en videoconferencia con parte de su gabinete trasladado a un acto de campaña en Cañuelas, Fernández lanzó el programa Ahora 12 renovado y pidió al empresariado que "no aprovechen esta posibilidad de cuotas para volver a aumentar".
En la misma sintonía, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, descartó rotundamente que las recomposiciones salariales tengan un impacto directo en la suba de los precios, y consideró que "los aumentos salariales son perfectamente pagables por el sector empresario".