Pablo Tejada, el juez que tiene a su cargo la quiebra de OCA, rechazó la oferta que hizo el grupo patagónico Clear por el principal correo privado del país. El magistrado, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, lo emplazó a mejorarla. Caso contrario, avanzará con una nueva subasta por la compañía, a la que programó para febrero, después de haber cancelado un anterior remate, que debería haber concluido a inicios de este mes.
Compuesto por Clear Petroleum (servicios petroleros) y Clear Urbana (servicios sanitarios), este holding había sido el único de los cinco interesados en OCA que cumplió con todos los requisitos formales que exigió el juzgado. En 2019, ambas empresas consolidaron una facturación de $ 7280 millones. Las fundó Cristóbal López, quien se desvinculó de ellas en 2011. Desde entonces, pertenecen a tres ex colaboradores del ciudadano ilustre de Rada Tilly: Ignacio González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano.
Tejada había llamado a una subasta por OCA, con un precio de u$s 36,1 millones: u$s 18,5 millones fijos y u$s 17,6 millones que funcionarían como el monto base de la puja. Como sólo Clear quedó habilitado para participar, el juez canceló el remate y le pidió que formalizara su oferta, según los términos y condiciones de del pliego de licitación.
En 2019, OCA facturó $ 5600 millones y perdió $ 2400 millones. Actualmente, su rojo continúa en $ 200 millones mensuales, según consta en el expediente.
El grupo patagónico prometió el "equivalente en pesos" a u$s 70 millones, entre el precio de adquisición y las inversiones que desembolsaría en la empresa durante tres años. Pero solicitó pagar sólo u$s 18,5 millones y cancelar el resto en 36 cuotas fijas de $ 28,12 millones -lo que supone un dólar a $ 75-, con un ajuste del 0,5% de las ventas mensuales netas (de IVA e Ingresos Brutos) que generara la empresa y otros mecanismos para compensar parcialmente esa pesificación y eventuales incumplimientos.
También, pidió que se le permita administrar la empresa durante un año, antes de concretar el traspaso efectivo de los activos. Aclaró, además, que su oferta no incluía las acciones de Seprit, operador postal del que OCA tiene el 99 por ciento.
La semana pasada, el juez le envió la oferta de Clear a la sindicatura de la quiebra, los liquidadores y a los integrantes del comité de acreedores: la AFIP, la ART Experta y la Federación de Camioneros. En paralelo, mientras todos analizaban la propuesta, para ganar tiempo, llamó a una nueva licitación, a realizarse en febrero, pero con un precio base de u$s 5,28 millones, 70% inferior a los u$s 17,6 millones sobre los cuales arrancaría la puja anterior.
Si esa subasta también quedara desierta, habría una tercera, con los mismos participantes, pero -esta vez- sin precio base.
Además de ser acreedor, Camioneros, al que está afiliado el 90% de los más de 6000 empleados de OCA, tiene una participación activa en la intervención judicial de la empresa. Su abogado, Rodrigo Condorí Saldaño -a su vez, el hombre del sindicato en la gestión comercial diaria-, expresó la aprobación de la agrupación que conduce Hugo Moyano a la propuesta de los ex empleados de Cristóbal López.
Camioneros también había sido entusiasta cuando, meses atrás, apareció un primer interesado por OCA: el grupo asegurador Campici, dueño de Escudo Seguros, cuya oferta de u$s 5 millones detonó la licitación a la que convocó Tejada por un precio más cercano al que los u$s 37 millones en los que los enajenadores habían tasado la empresa.
No obstante, Tejada calificó a la oferta de Clear como "inviable". "No ofrece garantía suficiente para respaldar la financiación ofrecida", resaltó. Además, cuestionó los pagos en cuotas "sin moneda estable" y "sujetos a muchos factores variables", como un gerenciamiento de Clear previo a la transferencia definitiva de los activos. Esto, entiende, no respeta las condiciones del pliego, "muy particularmente, respecto de la exigencia del pago al contado".
Clear también planteó que, en caso de no concretarse la transferencia cumplido su año como administrador, podría reclamar el 80% de lo invertido (calculó un desembolso de u$s 10 millones en ese primer año). "De ninguna manera la quiebra puede constituirse en deudora del gerenciador por el valor de las inversiones realizadas", rechazó Tejada, quien se apoyó, en este punto, en la opinión de la síndico de la quiebra, Analía del Luján Ostojich.
Ostojich también se opuso al pago en cuotas, "máxime, cuando se trasluce que serían abonadas con el producto o beneficio de la empresa". No es lo único que cuestionó. La síndico consignó que, según sus estados contables de 2019, Clear Petroleum facturó $ 6258,5 millones y ganó (antes de impuestos) $ 61,4 millones. En tanto, Clear Urbana recaudó $ 536,5 millones y perdió $ 24 millones. El patrimonio neto de una fue de $ 1370,97 millones y el de la otra, ascendió a $ 776,9 millones.
Si bien aclaró que los índices más relevantes -cuya auditoría por una consultora internacional como Grand Thornton destacó- "muestran razonable solidez económica y financiera", aclaró que "los balances y estados contables no reflejan, prima facie, capacidad económica-financiera suficiente para acometer la compra de una empresa de la magnitud de OCA; menos aún, capacidad económica para las inversiones que promete, salvo que cuente con el respaldo de alguna entidad bancaria y/o financiera u otro fondo de inversión aún no explicitado".
Según su análisis, el plan de negocios de Clear estaría basado en un precio de compra de u$s 6 millones y "tanto el pago en cuotas como la administración compartida generarán, a futuro, reclamos y conflictos de toda índole".
Recordó que la tasación de OCA es por todos sus activos. Entre ellos, Seprit, que, si bien sus acciones están valuadas a cero, es adjudicataria de licitaciones de organismos públicos y privados claves en el interior. Tejada tomó este punto para su fallo.
"Desestimando por inadmisible una propuesta económica que incluya gerenciamiento, cláusula de retracción y pago en numerosas cuotas sin moneda constante y carente de suficiente garantía, considero justo invitar al oferente a que modifique su propuesta, presentando la oferta que considere pertinente", decidió el juez. Y recordó que, sí o sí, deberá estar "supeditada a la condición de cancelarse en un único y exclusivo pago contado efectivo".
Aunque tendrá que ser en dólares, agregó que, "de mantenerse las restricciones cambiarias actuales", podrá pagarse en pesos, a la cotización del Banco Nación en el momento efectivo del pago.