El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ingresó el viernes al Congreso establece una hoja de ruta para las medidas y evaluaciones que debe llevar adelante el Gobierno para las reformas, según lo detalla el memorándum de políticas económicas y financieras que acompañan la Carta de Intención firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.
Allí describen las "acciones previas propuestas y puntos de referencia estructurales" en el marco del programa de facilidades extendidas (EFF, en inglés). El avance en este punteo se tendrá en cuenta en las revisiones trimestrales que definen el otro cronograma crucial: el de los desembolsos.
Si el Congreso le da luz verde al acuerdo, esa línea comenzará este mes con un giro por u$s 9800 millones para completar giros por u$s 24.000 millones. De esta forma, como anticipó El Cronista, la mayor parte de los desembolsos llegará en el primer año.
ntre las acciones previas a la firma y ya cumplidas detalla la suba de la tasa de política anual efectiva en 365 puntos básicos. Ese punto, junto con "suavizar ciertas regulaciones del mercado de cambios" fueron tomadas como señales durante la negociación.
Hay otras medidas que están en desarrollo y se mantienen, como "evitar impuestos adicionales a las transacciones financieras", mientras que para otras, se fijan plazos a lo largo de este año.
PRIMER SEMESTRE
Una de las primeras medidas modificar la ley de Presupuesto para adecuarla a la meta fiscal de 2022 acordada con el FMI: 2,5%. El Gobierno no logró que le aprobaran el Presupuesto 2022 y se prorrogó el del año anterior. Eso debe hacerse antes del 15 de abril, según fija la hoja de ruta.
TARIFAS
Entre otra de las medidas urgentes, está la convocatoria a audiencia pública por la actualización de tarifas mayoristas que acompaña el esquema de triple segmentación acordado con el FMI, con subas atadas a la variación del coeficiente de salarios.
Para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI), "las tarifas de energía necesitan reflejar la recuperación total de costos; el resto de usuarios no residenciales verán revisada su tarifa según la propuesta definida en la audiencia", detalla el FMI sobre esta reforma considerada "estructural", prevista para abril.
La segunda etapa para las tarifas se prevé para septiembre en el cronograma y apunta a desarrollar y publicar un plan a mediano plazo, con el apoyo técnico y financiero de los socios internacionales. Esto se trabajará con el Banco Mundial, según anticiparon los técnicos del FMI el jueves.
La meta será reducir aún más subsidios a la energía, con metas específicas de recuperación de costos, y mejorar la eficiencia de la matriz energética, asegurando la calidad de los servicios y la asequibilidad para los hogares más vulnerables.
LAVADO Y TERRORISMO
Otro de los puntos es presentar la modificación del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en el Congreso, la Ley ALA/CFT modificada (Ley 25.246), en línea con el estándar internacional para que sea aprobada este año.
También antes de mitad de año, el Tesoro deberá presentar un plan de acción en consulta con el staff técnico del Fondo, para "mejorar las finanzas y el reporte del Presupuesto".
En ese mismo momento, se deberá publicar "un plan con plazos determinados para agilizar el sistema de encaje legal" y mejorar la transmisión de la política monetaria.
INVERSIONES
El Gobierno también se comprometió a evaluar los proyectos de inversión y establecer un mecanismo de prioridad y selección anual que priorizará los proyectos en curso y los que tienen estudios de prefactibilidad o factibilidad.
Además busca inversores para volver al mercado de capitales a partir de 2025 de forma paulatina y también aspira a que haya inversión extranjera directa que, con las exportaciones, permita acumular u$s 15.000 millones en reservas en los dos años y medio de duración del programa.
SEGUNDO SEMESTRE
Para el seguimiento de esas gestiones habrá una presentación semestral de relación con inversionistas, lo que debe estructurarse para julio de este año.
IMPUESTOS
Uno de los objetivos del acuerdo es reducir la brecha impositiva en unos diez puntos para alinearla con otros países de la región, donde está más cerca del 20%. En ese marco, el acuerdo sostiene en su cronograma que se apunta a desarrollar un plan para identificar esas brechas y mejorar "el cumplimiento de los principales impuestos internos y aranceles aduaneros". Esto deberá avanzar para agosto.
En esa misma línea, el revalúo fiscal inmobiliario deberá estar listo para septiembre. El proceso de actualización se realizará en colaboración con los gobiernos provinciales para que pueda entrar en vigencia para el año fiscal 2022. También se debería publicar en ese momento la estrategia antilavado y anticorrupción.
Diciembre también verá llegar las modificaciones a la ley penal cambiaria en el Congreso para mejorar sanciones e introducir multas administrativas.
Antes de fin de año también se deberá contar con una estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo y la publicación de una auditoría externa ex-post sobre el gasto Covid que tuvo lugar al menos durante 2020. Pero recién debería completarse para junio de 2023.
El análisis de los programas sociales llegará en diciembre de este año. Para ese momento, también con organismos como el BM y el BID, se deberá realizar una evaluación integral para identificar "opciones de mejora". Ese punto está enmarcado en las metas fiscales.
JUBILACIONES ESPECIALES
El análisis del sistema previsional que anticipó Martín Guzmán tiene que estar listo para diciembre. Buscará "fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de la sistema previsional", según sostiene el memorándum. El foco será el régimen especial de pensiones y se estudiarán mecanismos para "prolongar la vida laboral voluntariamente".
SALIDA DEL CEPO
También hacia fin de este año el Gobierno y el personal del FMI buscan "desarrollar y publicar una hoja de ruta para la relajación gradual de los controles de divisas", de la mano de una estrategia para "mejorar de manera duradera la posición financiera del BCRA, basándose en recomendaciones de la política monetaria/cambiaria de evaluación de salvaguardias del Fondo".
La salida gradual del cepo priorizará los sectores productivos y las divisas para las importaciones, según sostiene el acuerdo con el FMI, con mecanismos para evitar la salida de fondos especulativos, según explican los funcionarios, que marcan una diferencia con el programa de Stand-By de 2018.