Faltan poco más de dos meses para que el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) se vuelva obligatorio para todo el sector privado argentino. Desde el 1° de noviembre, cada empresa del país va a tener que destinar un 2,5% (si es MiPyME) o un 1% (si es Grande) de sus contribuciones patronales a este nuevo esquema de ahorro para contingencias laborales, pensado como respaldo ante futuras indemnizaciones.
El detalle que activó a los bancos: si una empresa no elige administrador antes de agosto o septiembre, el sistema le va a asignar uno de oficio, al azar. Y ahí es donde Macro decidió hacer punta.
El banco les está escribiendo a las empresas que ya le pagan los sueldos (es decir, que acreditan más del 50% de su nómina con ellos), para ofrecerles algo concreto: bonificación del 100% de la comisión de administración durante los primeros doce meses. Esa comisión es del 1%, así que en la práctica les están regalando un año entero de gestión gratuita a cambio de que no esperen a la asignación aleatoria.
El argumento comercial de Macro se apoya en tres patas. Primero, que el aporte no representa un costo nuevo porque se descuenta de las contribuciones patronales que la empresa ya paga. Segundo, que el capital acumulado y sus rendimientos quedan exentos de Ganancias e IVA. Y tercero, que se trata de un fondo inembargable, separado del patrimonio de la empresa, que se puede seguir en tiempo real desde la banca online. El combo viene además con una propuesta cruzada: si la empresa tiene empleados cobrando en otros bancos, Macro se ofrece a unificar toda la nómina.
Más allá de la pulseada comercial entre bancos por captar clientes, la pregunta de fondo es qué tipo de producto financiero es el FAL que nace como un vehículo defensivo: su objetivo no es maximizar retorno sino garantizar liquidez y preservar valor en pesos.
Por eso no compite con los fondos de renta fija, CER o dólar linked tradicionales, sino que funciona como una reserva de liquidez regulada dentro del sistema financiero.
La regulación exige que las inversiones tengan calificación AAA, pone topes de concentración (15% por entidad, 10% en moneda extranjera) y obliga a mantener un mínimo del 10% en activos líquidos.
Según Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, eso eleva el estándar de calidad de las carteras y reduce el riesgo de default, pero también achica el universo de inversión disponible y puede generar una dependencia inicial de los títulos del Tesoro Nacional, dado que hoy escasean las emisiones AAA locales fuera del Estado.
El propio Botto plantea que esa escasez podría convertirse en incentivo: empresas con capacidad de emitir deuda con rating AAA podrían aprovechar esta nueva ventana de demanda para salir a buscar financiamiento.
La lectura de conjunto es que el FAL va a mover en simultáneo dos mercados distintos. Por un lado, el de los bancos y administradoras compitiendo por sumar empresas antes de la asignación de oficio. Por el otro, el de los gestores de esas carteras, que van a tener que resolver el dilema de cómo equilibrar seguridad, liquidez y rendimiento dentro de un marco regulatorio pensado, ante todo, para no arriesgar.