Para graficar la desidia en las normas que permite que en Córdoba haya 600 automóviles no habilitados para transportar a pacientes crónicos vale el siguiente recurso: el ministro de Salud de la Provincia toma decisiones en la casa de su par de Transporte.
¿Por qué? El transporte público de pasajeros de la provincia se rige por la Ley 8669, cuya secretaría está hoy en manos de Gabriel Bermúdez. Sin embargo, su par de Salud (Francisco Fortuna) habilita a la obra social más grande de Córdoba - Apross - a contratar flotas de vehículos que no están habilitados y que en los últimos meses se han multiplicado en la ciudad.
"Estimo que debe haber unos 600 autos", dijo ayer a InfoNegocios el secretario de Transporte de la Municipalidad, César Ferreyra, consultado sobre este tema.
Ferreyra admitió que el Apross contrata este tipo de autos y que desde ese organismo se le pidió al municipio -encargado de fiscalizar el transporte urbano en la ciudad- la autorización provisoria para que funcionaran "unos 140".
El resto está trabajando en la total ilegalidad y si es detectado su conductor es fuertemente multado (unos $ 4.000) y se lo inhabilita de por vida para conducir algún transporte público.
Quejas de taxistas
Desde la Asociación de Permisionarios explican que el sistema para transportar pacientes antes lo prestaban taxistas o remiseros habilitados a ART, clínicas, sanatorios y obras sociales. "Pero las demoras en los pagos hizo que las flotas que estaban abocadas a este trabajo lo dejaran. Ahí empezaron a contratar autos particulares, que solo le ponen una calcomanía al costado y que no tienen control alguno", afirma Raúl Iglesias.
Explicó que se trata de un "pésimo negocio" ya que los viajes para trasladar pacientes son muy pocos "entonces estos autos empiezan a hacer cualquier tipo de traslados, constituyéndose en una competencia desleal". Ferreyra opinó en el mismo sentido.