Los accidentes (o eventos) cardíacos son una de las principales causa de muerte en el país y el mundo y Argentina tiene una ley que regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.
La instalación de desfibriladores es parte de esa normativa y significará -en la práctica- un poco más de presión al sistema de costos poco visibles de las organizaciones.
Según nos explica Ricardo Figueroa, un DEA tiene un costo que ronda entre los US$ 2.000 y 3.000 y los principales proveedores mundiales son Hearsine (Irlanda – EE.UU.), Zoll Aed (Holanda) y Philips (EE.UU. – Dinamarca).
En Argentina, hace 2 años se empezó a desarrollar un grupo de inversores orientados a un DEA nacional, bajo el nombre Rytmus. Hoy el equipo está listo y con un prototipo funcionando bajo normas de la Comunidad Europea (las más exigentes) y a la espera del ok final de Anmat.
El negocio no es menor: habría unos 900.000 lugares públicos que deberían incorporar un DEA en los próximos años.