Tras la publicación en el Boletín Oficial de los cambios en las obras sociales y las prepagas previstos en el DNU 70/2023, en el marco de la desregulación del sistema de salud en la Argentina, empresas de medicina privada encendieron las alarmas por un punto que les inquieta y por el que dudan en sumarse a la posibilidad de recibir de manera directa aportes y contribuciones salariales.
La adhesión es voluntaria y, por estas horas, las principales compañías del sector analizan qué harán. Para que empleados en relación de dependencia y monotributistas deriven sus aportes a una prepaga de forma directa, sin la necesidad de afiliarse a una obra social que actúe como intermediaria, las entidades privadas deberán estar inscritas en un registro.
En la industria, dudan sobre cómo funcionará en la práctica el esquema, por lo que estudian si les conviene o no ingresar a él. El tema que más les preocupa es el de las preexistencias (patologías) de los trabajadores o los integrantes de su grupo familiar al momento de optar por el cambio.
Si bien no pueden rechazarlos por enfermedad (se pide que se informe la patología en una declaración jurada), sabiendo que deberán cubrir determinados tratamientos, están habilitadas a cobrar cuotas mayores, aunque necesitan la autorización de Salud. Hasta ahora, con la triangulación de las obras sociales, no conocían el estado de salud previo de los afiliados.
En ese sentido, ya anticipan que este es otro factor por el cual subirán los precios de los planes de salud, lo que impactará en quienes quieran derivar aportes de forma directa a las prepagas para afrontar -generalmente, de manera parcial- el pago de la cuota y deberán pagar el monto restante de su bolsillo (ya que las contribuciones no suelen alcanzar para saldar el valor total).
A esto se suma la obligación de aportar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) el 20% de la recaudación por fuera de los aportes salariales, es decir, de lo recaudado a partir de lo que abonan de su bolsillo los trabajadores. En el sector lo interpretan como la aplicación de un nuevo impuesto.
Ese pago no estaba previsto inicialmente y fue incluido entre los cambios del mega decreto. Los fondos se usarán para cubrir medicamentos y prácticas de alto costo. De acuerdo a fuentes del sector, hoy el 90% de estos casos son prestaciones por discapacidad.
Que el FSR tenga más recursos significaría mejores prestaciones para los usuarios, pero los mayores costos implicarían más recaudación para compensar la cobertura de las prácticas, de las que, según las fuentes del sector, se perdió la referencia de precios y hay defasaje por la inflación. Por lo tanto, adelantan que este costo mayor se trasladará, inevitablemente, a los precios de los planes.
Los cambios del DNU en las obras sociales
Los cambios -optimizar el flujo de dinero que circula entre obras sociales sindicales, prepagas y beneficiarios, ordenando las cajas que manejan sindicatos- comenzarán a regir el 1° de marzo, y no en abril, como había previsto originalmente el Gobierno.
La desregulación del sistema de obras sociales abrió la posibilidad de no estar en la entidad sindical propia de la actividad laboral en 1993. En ese sistema, que habilita a hacer una opción una vez por año, hoy es posible derivar a una prepaga los aportes y las contribuciones de los trabajadores a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Pero la derivación se hace a través de una obra social con la que se firma un convenio. Esa obra social recibe los aportes y los deriva, descontada una comisión, a la entidad privada. Ahora, sin que se anulen los contratos con triangulación, las prepagas podrán captar los aportes de manera directa, pero solo si deciden voluntariamente anotarse en el registro.
Otro de los cambios incluidos en el DNU es que, hasta ahora, quienes ingresaban a un nuevo trabajo debían permanecer por lo menos un año en la obra social correspondiente a la actividad antes de poder ejercer el derecho a opción. Esa restricción existió en los años '90, luego fue eliminada y, finalmente, fue repuesta en 2021 por un decreto del expresidente Alberto Fernández.
Los cambios abarcan a un universo de más de 14 millones de trabajadores, e entre quienes están en relación de dependencia en el sector público y privado, los sindicalizados, los monotributistas, las empleadas domésticas y los más de 5 millones de personas que pertenecen al llamado 'sistema general'.