La Justicia ratificó una de las denuncias insignia de la Aduana en la sobrefacturación de importaciones y triangulación de pagos. Se trata del caso de la empresa Guedula SA, que sobrefacturó importaciones de guantes de látex en más de u$s 4,5 millones, en plena emergencia sanitaria del covid-19.
Mediante la causa, "GUEDULA SA Y OTROS s/CONTRABANDO...", el juez federal Ernesto Kreplak validó la denuncia que realizó por el titular del organismo, Guillermo Michel, por el ingreso al país de 10.745.000 guantes de látex con el fin de realizar una triangulación financiera.
Las sospechas de la Aduna, surgieron por el valor llamativamente elevado por el cual se hizo la importación de la mercadería. Mientras que, en la operación, el precio unitario era de u$s 0,51 (51 dólares, la caja de 100 unidades), el organismo estimaba -con base en estudio de valor y antecedente- que un valor razonable era de u$s 0,085 (8,5 dólares la caja de 100).
Así, el movimiento realizado por la empresa supuso una sobrefacturación del 600%. "La maniobra fue especialmente grave dado que se aprovechó de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes de uso médico del pago de derechos de importación", destacaron en la Aduana.
La Justicia no solo comprobó que la empresa adjudicataria de la licitación, Hatzlaja no tenía la capacidad económica para llevar a cabo la inversión (como tampoco sus socias Dowler Company y Weiss), sino también cuál era el destino de los fondos.
La maniobra por parte de la empresa tenía fines comerciales. El juez Kreplak comprobó que parte de los dólares obtenidos de manera ilegal fueron utilizados en inversiones para la construcción de un centro comercial.
"Guedula SA -empresa sin actividad comercial comprobada- recibió dinero que aplicó para el contrabando por sobrefacturación y luego inyectó parte de los fondos provenientes en sociedades vinculadas con la construcción del Shopping "OH! Buenos Aires", detallaron en el procedimiento.
Y agregaron: "Marca a la postre registrada por Stolovitsky Colb -a su nombre, con la intervención de la persona jurídica Hatzlaja integrada societariamente por Dowler Company y Ofelia Weiss".
El juez Kreplak comprobó que parte de los dólares obtenidos de manera ilegal fueron utilizados en inversiones para la construcción de un centro comercial.
Las declaraciones de diversos testigos, apuntan a que quien hacía pagas los pagos y tomaba las decisiones era Stolovitsky Colb, la cual también intervino en la construcción de un shopping en la localidad de Punta del Este, Uruguay, "OH! La Barra".