El sistema está roto, pero tiene una grieta por donde entrar. Esa es, en síntesis, la filosofía detrás del trabajo de Vega, quien viene usando el daño punitivo como herramienta de control de mercado ante lo que define como un doble fracaso: el del Estado, que no tiene capacidad para procesar la avalancha de reclamos de consumidores, y el de las empresas, que lo saben y especulan con eso.
"Los organismos de control en Argentina no funcionan", dice Vega sin rodeos. Las oficinas de Defensa del Consumidor están desbordadas, la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), por ejemplo, no resuelve las denuncias aerocomerciales y el resultado es siempre el mismo: las empresas dilatan, chicanean y apuestan a que nadie llegue a juicio. Y casi nadie llega: la sola mención de "abogado, tiempo, plata y riesgo" hace que la mayoría desista.
"Invitás a la gente a litigar porque sabés que nadie va a entrar. Eso es coquetear con el juicio”, expresa Vega. Ese cálculo es lo que el daño punitivo viene a romper. La figura, contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor, permite al juez aplicar una sanción adicional cuando la conducta de la empresa no es un error aislado sino un patrón sistemático y doloso.
En el caso de Flybondi, Vega logró demostrar que las más de 9.000 denuncias en dos años configuran exactamente eso: abuso reiterado de posición dominante. Con Banco Macro, el argumento fue el mismo.
Otro caso también es el de Toyota, que ilustra la lógica hasta el extremo: un plan de ahorro que no entregó el vehículo en término, una multa que la empresa se negó a pagar porque "salía barato" y un juicio que, con intereses y honorarios acumulados, llevó la cifra de los $ 2-3 millones originales hasta casi los $ 30 millones. "Los tipos especulan y coquetean mucho con el juicio", repite Tomás. El daño punitivo es la respuesta a esa especulación.
Ambas sentencias, Flybondi y Banco Macro, son de primera instancia y todavía deben ser confirmadas por la Cámara de Apelaciones. Pueden confirmarse, moderarse o revocarse. Pero el mensaje que busca instalar ya está en circulación: si el Estado no le pone el cascabel al gato, la Justicia tiene las herramientas para hacerlo.