Enero comenzó convulsionado en Municipalidad de Córdoba. El equipo del intendente Martín Llaryora se presentó ante el Suoem con decisiones que provocaron la reacción de los dirigidos por Beatriz Biolatto.
La lista la abrió la caída de 339 contratos artículo 8 que no pudieron marcar su huella digital en los relojes biométricos; continuó con la versión circulante que se revisaría el acuerdo salarial pactado con el radical Ramón Mestre –en concreto las dos últimas cuotas- y la necesidad de recortar bonificaciones y prolongaciones de jornada en el marco de la ordenanza de emergencia económica.
Tras la declaración del estado de alerta, Biolatto y su secretario adjunto, Daniel Fernández, participaron de las reuniones con la responsable del personal del personal, Verónica Bruera, que en un primer momento discurrieron con rispideces.
Pero entre mesas y asambleas de delegados se consensuó una salida intermedia entre las partes, al menos en materia salarial. El incremento del 4,29% de diciembre se abonará conforme a lo acordad. Fuentes gremiales confirmaron que el incremento elaborado con cinco índices de inflación se encuentra cargado en sistema y listo para abonar con la próxima liquidación de haberes.
En tanto, la segunda cuota de enero se pagará de manera no remunerativa. En la práctica, mejora la oferta inicial pero afecta de manera directa al sector pasivo del municipio. Pero en términos políticos marca que la indexación salarial no será una opción.
Hoy habrá asamblea y la conducción recibirá el mandato de las bases. Ayer, fuentes sindicales daban por descontado que se aceptaría la propuesta.
Ahora bien, las certezas no abundaban en otros puntos de la discusión. Los contratados desvinculados podrán volver a sus puestos de trabajo pero esto no significa que el Ejecutivo haya declinado su intención de depurar la planta de personal.
Reconocen que el “plan recorte” sigue en pie pero se revisará caso por caso. El gremio sabe que no podrá hacer frente a las revisiones con los métodos clásicos. Asambleas en horas laborales supondrán recortes y sospechan que se utilizarán recursos judiciales si las tratativas se descarrilan.
Es curioso, pero altas fuentes gremiales hacen referencia a la experiencia Luz y Fuerza del año pasado, cuando el gobernador Juan Schiaretti utilizó todas las herramientas para avanzar en el recorte del gasto en EPEC.
Precisamente Bruera, la elegida por Llaryora para ocupar la Secretaría General del Palacio 6 de Julio, participó de ese proceso que involucró a Gabriel Suárez y la revisión del estatuto de los empleados de la empresa provincial de energía eléctrica.
Pese a todo, habrá tregua en el plano salarial hasta que comience la pulseada por el 2020. La pulseada debería comenzar en febrero. La cláusula automática se presenta insostenible para la actual administración y el gremio sostiene que es el mejor mecanismo para resguardar los salarios de otro año que promete alta inflación.