Las transportistas cordobesas nucleadas en Fetap definen su presente como “agobiante”. Afirman que no pueden bajar las persianas como los comercios e industrias ya que por contrato deben continuar prestando servicio. La sencillez de la metáfora asusta por tratarse de una prestación que moviliza, a diario, cerca de 800.000 pasajeros en la ciudad de Córdoba. Lo cierto es que no imaginan un escenario sin el retorno de los subsidios al transporte.
Y los conceptos “subsidios” y “transporte” remiten directamente a un tercero: “kirchnerismo”. Ilusiona el regreso del espacio político que gobernó durante 12 años el país, ahora remasterizado con la participación de Alberto Fernández, flamante presidente electo.
Los empresarios especulan con que se revisará la política de “subsidio cero” que quiso aplicar el ministro de Transporte macrista, Guillermo Dietrich, desde el 1 de enero de 2019, previo congelamiento para reducir el volumen de las partidas con la escalada inflacionaria. Decimos “quiso aplicar” porque quedó más que claro que la Nación siguió beneficiando a Capital Federal y al área metropolitana de Buenos Aires.
La Provincia asumió la carga para evitar el boletazo y mantuvo sus programas de boletos gratuitos. En concreto, la fuerte devaluación y la crisis económica plantaron una dinamita que quedó enterrada por el maratónico año electoral, los subsidios municipales por $ 100 millones y la actualización de septiembre que llevó el pasaje urbano a $ 30,90.
Desde Fetap, adelantan que esperarán una etapa más: la transición entre el radical Ramón Mestre y el peronista Martín Llaryora. En otros términos, arrojaron la toalla. No conviene presionar al actual titular del Palacio 6 de Julio por una corrección tarifaria. El dato: no han presentado un estudio formal de costos desde el incremento de agosto. Los términos de la prestación se discutirá con futuro equipo de gobierno.
Los subsidios nacionales son un factor gravitante, pero también la nueva dinámica de movilidad que propondrá el gobernador Juan Schiaretti no sólo para la ciudad, sino también para el área metropolitana.
Mientras preparan datos finos para demostrar cómo las empresas se fueron descapitalizando con el correr de los meses. En concreto, Coniferal funciona con 50 unidades que ya deberían haber sido retiradas del sistema para no incumplir con el marco regulatorio. Ersa, que atraviesa un concurso preventivo de quiebra, circula con 100 coches que deberían haber sido reemplazados por unidades cero kilómetro. En Buenos Aires, la cifra asciende a 2.000.
Los subsidios al servicio de transporte significaban un punto del PBI en 2014 y el presidente Mauricio Macri cerrará su gestión con la mitad de ese valor. La drástica reducción del gobierno de Cambiemos impactó en la suba de precios, pero también desestabilizó el entramado de subvenciones al transporte y, en particular, a algunos empresarios presuntamente beneficiados por el kirchnerismo.
Por caso, la empresa Ersa del grupo correntino Romero, y Autobuses Santa Fe, de los hermanos Rossi, no tardaron en acusar el recorte, abandonando plazas importantes en el territorio nacional.
Lo cierto es que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue declarada con falta de mérito en una investigación por supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil, una decisión que abarcó a otros ex funcionarios y empresarios procesados junto con ella.
La senadora y vicepresidenta electa estaba procesada en este caso por presunta defraudación y cohecho pasivo, al igual que el detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.